Jaime Smart ¿otro genocida en libertad?

Smart es un abogado de 82 años que pasa los días tejiendo estrategias y redactando recursos judiciales en su celda de la Unidad 31 de Mujeres “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás” de Ezeiza. Le sobra el tiempo. Siempre estuvo abocado a combatir la “subversión”: inició en 1968 como fiscal nombrado por Juan Carlos Onganía y cuando fue juez integró la Cámara Federal (el “Camarón”) un tribunal de excepción para juzgar a opositores políticos y militantes. El 24 de marzo de 1976 asumió como ministro de gobierno bonaerense, y en el inicio de la democracia defendió a Albano Arguindegui y al apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa.

Está condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata por el juicio Circuito Camps en 2012 (por sus andanzas en el centro Puesto Vasco donde mantuvo desaparecido a Jacobo Timerman y las víctimas del caso Graiver), y en 2014 en el juicio por La Cacha. En esas causas (que Casación todavía no dejó firmes) y otras cuatro elevadas a juicio, el tribunal de La Plata le concedió la domiciliaria. Ese es su objetivo: ir a vivir con su mujer Sylvia Walker en su departamento de la calle Libertad al 1642 de la capital.

Esta semana se conoció un fallo de la Sala III de la Cámara de Casación Penal que le dio una mano: los jueces Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Angela Ledesma le rechazaron un recurso extraordinario al fiscal Javier de Luca, y dejó firme la decisión de los camaristas: apartar al juez de instrucción de La Plata, Ernesto Kreplak, de los expediente en los que esté imputado Smart y anular todo lo actuado, es decir, la indagatoria.

“El apartamiento del juez Kreplak estuvo desde el principio orientado a conseguir la nulidad de todo lo actuado”, se quejó De Luca en el recurso rechazado. Y explicó que el motivo del apartamiento no fue en reclamo de un juez imparcial sino que buscó la nulidad para “provocar demoras injustificadas”. Ahora, un nuevo juez deberá volver a indagar a Smart.

Pero esa resolución de la Sala III incluye un ítem clave: ordena la “inmediata liberación” del ex ministro de gobierno. Ahí está el punto de inicio: el pedido original de Smart a la Casación era una acusación a Kreplak de “imparcialidad” porque no le otorgaba la domiciliaria.

Tras el rechazo, de Luca tuvo que ir en queja a la Corte Suprema. Se sabe: el máximo tribunal no tiene plazos y puede no considerar el tema ni dar explicaciones gracias el artículo 280. Todos creen que ese será el destino del expediente y el beneficio será íntegro para el abogado. Entre bueyes no hay cornadas.

Casación se expidió en la causa que investiga los delitos cometidos en la Comisaría 8° de La Plata, que fue uno de los extremos de la red de centros clandestinos del Circuito Camps: allí se decidía si los desaparecidos eran blanqueados en una cárcel o desaparecían. Pero la decisión ordena que también se aplique “en todas aquellas causas que previno e interviene con relación a Jaime Lamont Smart"., ¿otro 

Es decir que en la práctica, aplica también en la causa por el centro que funcionó en los cuerpos de Caballería e Infantería de la Policía Bonaerense (conocida como causa “1 y 60”). En ese expediente fue indagado en 2013 por el fallecido Juez Manuel Blanco y en 2015 el subrogante Laureano Duran la elevó a juicio. El fallo está en proceso de apelación y todo indicaría que seguirá el mismo camino hasta abrirle a Smart las puertas de la Unidad N°31.

Nuevo escrache en Mar del Plata a Miguel Osvaldo Etchecolatz, esta vez, organizado por La Poderosa

 Para recordarle al represor que sigue preso

La organización de reivindicación villera convocó al escrache como cierre de un encuentro que reunió en Tandil a 79 asambleas de todo el país. “Nosotros lo metimos preso con nuestra lucha, no hay que olvidarse nunca de eso”, dijo Nora Cortiñas sobre el represor.

Por Carlos Rodríguez

Una de las principales consignas de la jornada decía: “En Mar del Plata hay un lugar y ese es la cárcel, es la cárcel de Batán”.

Desde Mar del Plata

La prisión domiciliaria del comisario genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, aunque está muy lejos de la gris realidad de una celda en una cárcel común, de ninguna manera es un jardín de rosas. Ayer, al cerrar la cuarta manifestación en contra de la estadía de Etchecolatz en su casa del Parque Peralta Ramos de esta ciudad, Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora le recordó al condenado por crímenes de lesa humanidad: “Este genocida está preso, por más que lo hayan beneficiado la Justicia, y está preso porque nosotros lo metimos preso con nuestra lucha, no hay que olvidarse nunca de eso”. El escrache, esta vez, fue organizado por la organización de reivindicación villera La Poderosa, cuyo referente nacional, Nacho Levy, al abrir el acto realizado a metros de la casa donde Etchecolatz fue oyente de lujo, resaltó que la actividad fue programada como cierre de  un encuentro que reunió en Tandil a 79 asambleas de todo el país y que terminó con la decisión de “hacer el cierre en este lugar, porque Julio López no pudo venir”, en alusión a la desaparición, hace 12 años, de uno de los principales testigos contra el comisario condenado. 

Varios centenares de personas cruzaron el Parque Peralta Ramos, con banderas blancas y remeras rojas con el emblema de La Poderosa. Una de las principales consignas escuchadas durante una jornada que comenzó por la mañana y se extendió durante casi siete horas, decía: “En Mar del Plata hay un lugar y ese es la cárcel, es la cárcel de Batán”. Nora Cortiñas, desde el escenario, completó la idea y el sentido de la consigna: “Batán es un lugar horrible, lleno de ratas y de cucarachas, no es un lugar para alojar a los que hicieron un robo menor, es para genocidas como Etchecolatz”. 

La actividad comenzó cerca de las 11 con un torneo de fútbol en el que se entregó el premio “Chicha Mariani”, en homenaje a la abuela de Plaza de Mayo. Todos los oradores señalaron que otro de los objetivos del encuentro fue el de “seguir luchando por la aparición de Clara Anahí”, la nieta de Chicha “que fue una de las tantas víctimas de Etchecolatz, junto con Julio López”. La concentración comenzó en la entrada a Peralta Ramos por a calle Don Arturo, siguió por Los Chañares, por Las Margaritas y por el Boulevard Nuevo Bosque, donde se había montado el escenario a pocos metros de la casa donde está alojado el comisario Etchecolatz. 

Esta fue la cuarta manifestación en contra de la libertad domiciliaria del genocida que fue mano derecha del jefe de la Policía Bonaerense Ramón Camps durante la última dictadura militar. La primera fue un escrache que se hizo a principios de enero, luego hubo una “visita” de los vecinos de Etchecolatz que también repudian su presencia en el barrio. Una vecina le dijo a PáginaI12: “Nosotros nos vinimos a vivir acá porque es un barrio sin alambradas, sin rejas de seguridad, pero desde que está este señor hay gente armada que lo custodia todo el tiempo y este barrio, lamentablemente, ya no es un lugar seguro para los que no queremos tener relación con este tipo de personas”. 

La tercera manifestación fue presentada como una “jornada cultural” en la que se escucharon temas musicales como la cumbia “Rata de dos patas” o el bolero cubano “Me cago en ti”, que según los organizadores eran temas elegidos “sin segundas intenciones”. El cuarto fue la marcha y el acto de ayer, a todo volumen. La lista de oradores fue abierta por Nacho Levy, quien señaló que muchos de los 1200 delegados que participaron en el foto de La Poderosa, “están aquí casi sin dormir durante varios días, para seguir reclamando la aparición de Clara Anahí Mariani y Julio López”. El referente de La Poderosa recordó que “la impunidad no sólo pasa por Etchecolatz, sino también por el policía Luis Chocobar, por los prefectos que no hicieron nada para evitar la muerte de Kevin (Molina)”, quien murió al ser alcanzado por una bala cuando estaba debajo de la mesa de su casa en el barrio Zavaleta, el 13 de septiembre de 2013, para tratar de guarecerse de un tiroteo entre dos grupos que las fuerzas de seguridad asentadas en la zona jamás hicieron nada para ponerle fin. 

Luego habló Margarita Cruz, ex detenida desaparecida de La Escuelita, en San Miguel de Tucumán, quien señaló que “hoy como ayer tenemos que lugar contra una violencia institucional que no quiere parar y contra la que tenemos que lugar”.  El siguiente orador fue Norberto Liwsky, ex funcionario de la ONU en defensa de los derechos de infancia. En la dictadura, Liwsky fue secuestrado y torturado en la comisaría de Gregorio de Laferrere y su caso es considerado uno de los más dramáticos ocurridos durante el terrorismo de Estado. Otros oradores fueron el ex detenido desaparecidos Carlos Lorkipanidse y Pablo Nahuel, hermano del joven mapuhe Rafael Nahuel, “asesinado por las fuerzas de seguridad”.  

Nora Cortiñas, en el mensaje de cierre, trató de resaltar las luchas populares que llevaron a los juicios orales por delitos de lesa humanidad. Dijo, en ese sentido, que “tenemos que valorar lo que hicimos y seguir trabajando para que no haya más Etchecolatz y Chocobar sueltos, y para que la ministra (Patricia) renuncie de una vez a su cargo, desde el que está felicitando a los que participan en hecho de violencia institucional”. 

Etchecolatz cumple pena de prisión perpetua, fue condenado en 2004, 2006, 2014 y 2016 por distintos casos de secuestros, asesinatos, desapariciones y torturas cometidas cuando era Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y segundo de esa fuerza. A fines del año pasado, consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria, que eligió cumplir en Mar del Plata.

Miguel Etchecolatz reclama que le garanticen el servicio de peluquería y pedicuria (¿?)

Un hábeas corpus por el pelo y las uñas

El represor, uno de los que más condenas acumula por sus crímenes de lesa humanidad, redactó la presentación de puño y letra. Se queja de que no tiene peluquero ni pedicuro y argumenta que el pelo largo “vulnera el resguardo de higiene”.

El ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz reclama un peluquero. El ex director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que suma cinco condenas por delitos de lesa humanidad, redactó de puño y letra un recurso de hábeas corpus para que el Servicio Penitenciario Federal le garantice “servicio de peluquería y pedicuría”. Cuatro días después el juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, le concedió una audiencia por videoconferencia desde el penal de Ezeiza y tomó nota del reclamo, que transmitió al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y al juez federal Daniel Rafecas, quien instruye causas por las que Etchecolatz podrá seguir acumulando condenas hasta el final de sus días.

La carta de quien fuera mano derecha del ex coronel Ramón Camps durante el terrorismo de Estado data del jueves pasado. Etchecolatz explica que recurre al hábeas corpus una vez “agotadas las gestiones tendientes a lograr el concurso de un peluquero sin obtener a la fecha resolución alguna, pese a la comunicación que con fecha 6 del corriente cursara al Complejo el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata”. El pelo largo “vulnera el resguardo de higiene”, agrega. Concluye con el tradicional “Será Justicia” y firma como “Prisionero de guerra”.

El lunes a primera hora el juez Santa Marina ordenó que el represor fuera trasladado a la sala de audiencias del penal. Menos de dos horas después, Etchecolatz apareció del otro lado de la pantalla y se explayó ante el magistrado. Según el acta, “hace un tiempo que viene solicitando un peluquero y un pedicuro, pero le dicen que no hay obligación por parte del Servicio Penitenciario de prestar ese servicio”. El 6 de julio el tribunal platense “puso en conocimiento de la unidad que se le debía ofrecer el servicio de un peluquero, pero no hicieron nada”, aseguró. “Nadie da una respuesta”, se quejó el policía que supo regentear el mayor circuito represivo de la Argentina durante la última dictadura. Pidió que se le hiciera saber al tribunal y a Rafecas del pedido “para que intercedan” y le notifiquen lo que resuelvan. Cerrada la audiencia, el juez Santa Marina dio por desistida la acción de hábeas corpus y trasladó el pedido a los destinatarios requeridos por el ex policía.

Etchecolatz es detrás de los ex generales Luciano Menéndez y Santiago Riveros uno de los represores que más condenas acumula por su actuación durante la dictadura. En diciembre de 1986 la Cámara Federal que había juzgado a los ex comandantes lo condenó a 23 años de prisión en un juicio que compartió con los generales Ramón Camps y Ovidio Richieri y con los policías Jorge Bergés y Norberto Cozzani. Seis meses después, en línea con el dictamen del procurador Juan Octavio Gauna, la Corte Suprema de Justicia declararía constitucional la ley de obediencia debida, que le permitiría a Etchecolatz y a los dos polícías recuperar la libertad.

En 2004 Etchecolatz y Bergés se convirtieron en los primeros represores condenados por la supresión de identidad de una hija de desaparecidos sin haber sido apropiadores directos. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata lo condenó a siete años de prisión por el caso de la hija de Aída Sanz y Eduardo Gallo. Dos años después, tras la anulación de las leyes de impunidad, el mismo tribunal lo condenó a prisión perpetua por secuestros, tormentos y homicidios calificados. En 2012 recibió su segunda sentencia a reclusión perpetua por quince homicidios calificados, y en octubre pasado la tercera, por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino La Cacha.EL 24 DE AGOSTO COMENZARA EL JUICIO CONTRA UN EMPRESARIO SALTEñO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Arrestaron al ex jefe de personal del Regimiento 7º de La Plata

Welsh, un prófugo buscado durante dos años

El ex jefe de Personal del Regimiento de Infantería 7 de La Plata durante 1976, Enrique Francisco Welsh, quien se encontraba prófugo de la Justicia y está imputado por crímenes en el centro clandestino que funcionó en una sede policial, fue detenido en un domicilio de la Capital Federal por la Policía Federal.

Según informó el sitio web del Ministerio Público Fiscal, la Policía Federal detuvo el viernes por la noche en un domicilio de la Capital Federal a Welsh, quien se encontraba prófugo desde el 2 diciembre de 2013 en la causa en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la sede de los regimientos de Infantería y Caballería de la Policía provincial.

Welsh, de 65 años y por quien se ofrecía una recompensa de 500 mil pesos, fue trasladado en la mañana del sábado a La Plata, donde ese mismo día se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez federal subrogante Laureano Durán.

El ex militar fue reconocido en 1976 por sobrevivientes como secuestrador –lo mencionan vestido de civil– y como torturador e interrogador de aquel centro clandestino, uno de los primeros puestos en funcionamiento en la región tras el golpe de Estado del 24 de marzo.

La detención de Welsh era requerida desde 2008 por la Unidad Fiscal de La Plata, que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción. La fiscalía lo imputó en su carácter de jefe de personal –y, como tal, miembro de la plana mayor– del Regimiento de Infantería 7. Esta unidad militar fue la jefatura del área operacional 113, a cargo de la represión ilegal en La Plata.

Al describir los testimonios de los sobrevivientes, la Unidad Fiscal remarcó que “han relatado que permanecían en una especie de barraca militar –una o más– o grandes galpones, con sus ojos vendados o encapuchados, acostados en camas o cuchetas y esposados a ellas, no podían hablar entre ellos, sin poder ir al baño, con escasa comida y bajo el temor constante de ser sometidos en cualquier momento a golpes, patadas u otro tipo de maltrato o, si se llevaban a otro compañero para ser interrogado, permanecían tensionados preguntándose en qué estado regresarían o si volverían con vida”. Otros testimonios, indicó la fiscalía, “dan cuenta de la existencia de celdas individuales en las que permanecían secuestrados o en talleres donde eran torturados e incluso algunos fueron llevados a una caballeriza en la parte posterior de la dependencia”.

La investigación revela que en la misma madrugada del golpe de Estado cívico-militar comenzó el arribo de prisioneros ilegales al centro clandestino, en su mayor parte trabajadores con militancia sindical en la zona del Puerto La Plata, en las ciudades de Berisso y Ensenada

"Las amenazas no frenan el proceso de verdad y justicia"

Lo dijo el fiscal del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Monte Peloni, cercano a Olavarría. La intimidación estaba dirigida al Tribunal, las querellas y los testigos.

El juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detenciones de Monte Peloni, vecino a Olavarría, “va a continuar a pesar de las amenazas” recibidas esta semana por jueces y testigos, porque “es imposible parar este proceso de reparación, de memoria, verdad y justicia”, afirmó el fiscal de la causa, Walter Romero.

El decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), Rafael Curtoni, denunció que en la sede que esa casa de altos estudios posee en Olavarría, y donde se desarrolla el juicio, se recibió una carta con “graves amenazas” hacia los jueces y testigos firmada por un grupo autodenominado CAOS (Comando Argentino Olavarriense Solidario).

Romero dijo que el mismo grupo “ya había realizado otras amenazas similares en los años 2004 -con una especie de collage con un mensaje intimidatorio-, y 2011 -con llamadas telefónicas anónimas-”.

Por ese motivo, las amenazas “también están siendo investigadas”, afirmó; y adelantó que la semana próxima uno de los testigos “podría dar datos que ayuden a descubrir a los que se ocultan detrás de estas maniobras”.

“Quieren amedrentar y asustar pero no van a poder desmoralizar a la gente porque es imposible que se frene este proceso de recuperación de Memoria, Verdad y Justicia”, aseguró Romero.

El fiscal indicó que “existen redes de encubrimiento y hay unos cuantos prófugos en lo vinculado a las causas de delitos de lesa humanidad, por eso creemos que también cuentan con ese apoyo, de hecho, tener un prófugo suele ser bastante caro, así que debe haber apoyo económico también”.

En esa misma línea recordó que el 5 de octubre pasado “se logró detener a una persona que estaba prófuga en esta causa, la que fue encontrada en unas cabañas en Mendoza”.

“Hacía un año y medio que estaba prófugo y yo le pedí al juez que nos delegue la causa, y en tres meses lo encontramos”, relató.

Romero manifestó que “el objetivo de estas acciones es entorpecer, pero el proceso que se está desarrollando en Olavarría para llegar a los responsables del terrorismo de Estado en este lugar, no va a parar, y en realidad lo que están demostrando es que están asustados porque se les termina la impunidad”.

La carta amenazante encontrada advertía que “aplicarán la inversión de la prueba” hacia los testigos y funcionarios judiciales que llevan a cabo el proceso; y señalaba: “Les aseguramos que nuestra condena será más grave que la que vuestra justicia puede aplicar y de cumplimiento efectivo”.

“Partiremos del principio de culpabilidad a fin que los condenados demuestren su inocencia y contraria a la jerarquía que tiene nuestro heroico Ejército Argentino”, decía el texto que intentaba entorpecer la labor del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata integrado por los magistrados Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela bajo la actuación de los fiscales Romero y Marcos Silvagni.

El expediente se elevó a juicio hace más de dos años y los imputados son el sargento Omar Antonio Ferreyra ("Pájaro"), el capitán Walter José Grosse ("Vikingo"), el general Ignacio Aníbal Verdura y el teniente primero Horacio Leites, quienes están acusados de "homicidio agravado con ensañamiento; privación ilegal de la libertad y torturas".

Todos los acusados pertenecen al Ejército y estaban asignados al regimiento de caballería mecanizada Tanques 2 que aún tiene asiento en esa localidad.

El centro de detención de Monte Peloni se estableció en octubre de 1975, en Sierras Bayas, cerca de Olavarría y pertenecía al área 1/12/124, dentro de la zona 1, en relación a la división territorial que el Ejército diseñó para llevar a cabo la represión.

La otra causa contra Editorial Atlántida por notas publicadas durante la dictadura

Las acciones de propaganda

Alejandrina Barry espera que su caso se sume al expediente en el que fue procesado el periodista Agustín Bottinelli por hacer una falsa nota a Thelma Jara de Cabezas mientras estaba detenida en la ESMA.

 Por Gustavo Veiga

La vida adulterada de Alejandrina Barry terminó cuando tenía 13 años y en gran medida se debe a su lucha. Una lucha en inferioridad de condiciones desde el mismo día en que nació. Susana Mata, su madre, la tuvo en la cárcel de Olmos durante el gobierno de Isabel Perón. Después, la dictadura cívico-militar se encargó del resto: desapareció a sus padres, a sus tíos, la transformó en botín de guerra cuando era niña y le inventó una existencia presuntamente piadosa en complicidad con una empresa periodística, Editorial Atlántida. Tres artículos publicados entre diciembre de 1977 y enero del ’78 la transformaron en una hija del terror abandonada a su suerte. Ahí empezó la tergiversación –sus abuelos la habían buscado en Montevideo y la trajeron a Buenos Aires– que ya desmontó pieza por pieza con paciencia de orfebre. Su caso se ventila en tres juicios por delitos de lesa humanidad. Acaba de declarar por primera vez ante un tribunal oral y aportó información valiosa (ver aparte). También espera ver procesados y condenados a los editores de Somos, Gente y Para Ti, las revistas que utilizaron su tragedia para hacer acción psicológica.

El lunes pasado, Barry declaró como testigo ante el TOF1 patrocinada por abogados del Ceprodh. Lo hizo por primera vez en la causa Plan Cóndor, donde es querellante al igual que en el juicio por el centro clandestino Pozo de Banfield, donde su madre estuvo detenida. En esos expedientes se investiga la de-saparición de sus padres, Alejandro y Susana. El estudiante de derecho y ella maestra, ambos militantes montoneros caídos en Uruguay. Pero hay una tercera querella que Alejandrina presentó en 2010 contra Atlántida y que no avanzó como esperaba. El juez federal Sergio Torres se declaró incompetente y luego hizo lo mismo su colega Sebastián Casanello. Ahora es la Cámara Federal la que debe decidir el conflicto de competencias entre ambos.

El procesamiento reciente que Torres le dictó por coacción al ex editor de Para Ti Agustín Bottinelli –en una causa conexa y por una nota fraguada a Thelma Jara de Cabezas, la madre de un desaparecido, mientras estaba detenida en la ESMA– fue bien recibido por Barry, pero no alentó sus expectativas en la querella que sigue contra Atlántida y los ex responsables periodísticos de sus tres publicaciones principales: Samuel “Chiche” Gelblung (Gente), Gustavo Landivar, Héctor D’Amico y Jorge Gutiérrez (Somos) y Agustín Bottinelli y Lucrecia Gordillo (Para Ti).

Barry, militante del PTS e integrante del Ceprodh, le dijo a Página/12 que “el procesamiento de Bottinelli es algo muy importante, pero hay que seguir avanzando. Mi causa es conexa con la de Thelma Jara de Cabezas y si no progresó es por el poder real que siguen teniendo periodistas como Gelblung o D’Amico. Esto se da en el marco de una situación donde los civiles cómplices de la dictadura que están presos se cuentan con los dedos de una mano”.

El texto de su querella solicita que “se establezca conexidad con la causa Nº 7650/08 iniciada a raíz de la denuncia realizada por Thelma Doroty Jara de Cabezas y que como en ese caso se investigue para determinar qué personas dentro de la Editorial Atlántida SA realizaron acciones voluntarias dolosas en los años 1977 y 1978 en mi perjuicio y sobre otras personas, para que ellos respondan penalmente en la medida de sus actos”.

Más adelante sostiene en su denuncia contra la editorial que “los autores de los homicidios de mis padres y mi privación ilegal de libertad, como quienes posteriormente planificaron la realización de las notas periodísticas, la difusión de una fotografía mía y la edición de varias notas publicadas en revistas, contribuyeron en un plan genocida único, que incluía diversas acciones, una de ellas, las acciones de propaganda para encubrir delitos de lesa humanidad”.

Los tres artículos a los que se refiere Barry salieron en Somos el 30 de diciembre de 1977 bajo el título “Los hijos del terror”; el 5 de enero de 1978 en Gente, que informó “Esto también es terrorismo. Alejandra (sic) está sola” y Para Ti cerró la serie de notas el 16 de enero de 1978 con el título “A ellos no les importaba Alejandra”. En su denuncia, Barry sostuvo que “‘las notas periodísticas’ que me involucran marcaron gran parte de mi vida, fraguaron mi historia personal y afectaron mi identidad”. Tal vez el dato más contundente que aportó está relacionado con la velocidad con que se produjeron los hechos: “el asesinato de mis padres, la restitución a mi familia y la publicación de estas notas se dan en menos de un mes, incluso cuando parte de los hechos se desarrollan en el país vecino”.

La pequeña rubiecita de las fotografías con que Atlántida ilustró su historia a medida de la dictadura hoy tiene 39 años y una militancia que se volvió el mejor antídoto contra la impunidad. “Es mi manera de seguir peleándola, porque todo lo que me hicieron a mí, el rol de los medios, no lo tomó ningún juez todavía. Pasó muchísimo tiempo, necesitamos justicia”, pide. Barry está convencida de que cuando los militares la entregaron a sus abuelos “servía más para que ellos hicieran su publicidad que apropiada. No me entregaron sin más. Fue una decisión política”.

Cuando declaró ante el TOF1 en Comodoro Py reveló que mientras buscaba datos de sus padres se presentó en la Dipba (la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense ya disuelta) para solicitar las fichas de sus padres, Juan Alejandro y Susana. Recibió una sorpresa gigante cuando le dijeron que había dos Barry, pero se trataba de ella y su papá. “Yo estaba catalogada como ‘delincuente subversiva’ por haber participado en una marcha contra la presencia de Clinton en Argentina en el año 1997 y evidentemente por ser militante política”.

Barry se enteró de que era hija de desaparecidos a los 13 años. Fue después de una desagradable anécdota doméstica en una familia muy dividida: “la esposa de mi abuelo muy enojada, vaya a saberse por qué, me gritó que yo era hija de terroristas”. Desde ese momento, Alejandrina sepultó la creencia de que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico, reivindicó su militancia y espera que se haga justicia por ellos, y también por ella.

El testimonio de la única mujer que pasó por el centro clandestino de Monte Peloni

Las marcas del infierno en el cuerpo

En el juicio por los crímenes perpetrados en Olavarría durante la dictadura, Araceli Gutiérrez contó las torturas y abusos que sufrió durante su secuestro. Fue acosada por el defensor de uno de los represores acusados.

 Por Silvana Melo y Claudia Rafael

Desde Olavarría

Devastada por casi cuatro horas de testimonio, agredida por la inquisición de uno de los abogados de los represores, revictimizada durante treinta años relatando una y otra vez su tragedia, Araceli Gutiérrez declaró ayer ante el tribunal que juzga a los represores Ignacio Aníbal Verdura, Omar Antonio Ferreyra, Horacio Leites y Walter Jorge Grosse. Su paso por el predio concentracionario de Monte Peloni tuvo algunas singularidades: era la única mujer y la principal tortura que soportó fue la humillación y el sometimiento sexual. A los 60 años, Araceli volvió al Monte clavado en su tragedia y decidió ser casera de su propio infierno. Los pájaros de esta primavera no se parecen a aquellos de septiembre del ’77, cuando la vida cayó en su fosa más honda. Pero ayer volvió a vivir la oscuridad de su noche, interrogada como si fuera una victimaria por el abogado Claudio Castaño, decidido a quebrarla psicológicamente. Hasta que se desalojó la sala y terminó su declaración a puertas cerradas. Las agresiones sexuales que sufrió se ventilarán en el juicio Monte Peloni 2, donde las responsabilidades y complicidades civiles llevarán al banquillo a unos setenta acusados.

Cuando a fines de 1976 las persecuciones hicieron imposible la vida en La Plata, Araceli Gutiérrez y su pareja, Néstor Elizari, buscaron refugio en Olavarría. Poco tiempo después se unirían a ellos Isabel “Pichuca” Gutiérrez y Juan Carlos Ledesma. El 13 de septiembre secuestraron al padre de ambas, Francisco Gutiérrez, subcomisario de la Policía Bonaerense. El 14 a Pichuca y a Juan Carlos Ledesma. El 16, a Araceli y Elizari. Aprovecharon las irrupciones para robar todo lo que hubiera a mano: desde una billetera con dinero hasta factura de cerdo recién preparada.

En la Brigada de Investigaciones de Las Flores, Araceli asistió a los últimos tramos de la vida de Graciela Follini de Villeres. La encontró en su misma celda, destruida por la tortura. Y presintió que se iba a morir. También vio un vestido de embarazo de su hermana Pichuca y unas latitas de leche Nido que decían té y café. Que se habían robado de su casa por pura impunidad. En Las Flores recordó haber visto a Federico Pippo. Siete años más tarde saltaría a una triste celebridad acusado del crimen de su esposa, Oriel Briant.

Supo después que su padre, Francisco, había estado en contacto con Pichuca. Que estaba gravemente enferma; ella había parido cinco días antes del secuestro y tenía una infección. Siempre le quedó clavada en el pecho la opción que dice que tuvo su padre: “Le dieron a elegir entre las dos hijas. Mi hermana y yo. Yo estoy acá, ella no. Son los pesos que uno tiene que cargar”.

El traslado desde Las Flores fue directamente a Olavarría. Más exactamente a la cercanía de Sierras Bayas: ella pudo espiar y vio la tradicional Calera Milesi. Eran las puertas del Monte Peloni. Los fueron bajando de a uno y a golpes. “Tiraban tiros y el revoque saltaba”. Los escuchó decir “hay una mujer”.

En la distribución, a ella le tocó un sillón en una habitación sola. Le pusieron un algodón en la boca y la dejaron escuchando el martirio de sus compañeros. “Había un especial ensañamiento con Alfredo Maccarini (agente penitenciario) al que le decían traidor.” Luego el interrogatorio le tocó a ella: “Me sentaron en una silla y me dijeron ‘vos vas a hablar todo lo que tenés que hablar porque, si no, nunca vas a poder coger en tu vida’. Y yo cerré las piernas instintivamente”.

Mientras le preguntaban por su padre vio a Carmelo Vinci delirando, a otros de sus compañeros enceguecidos golpeando sus cabezas al pasar por las puertas con dinteles bajos, a Cacho Fernández desesperado porque su hermano no había vuelto, a Ricardo Cassano convulsionando con claustrofobia, a otro atado con una esposa en un camastro.

A Ferreyra lo reconocía “por la nariz” y “porque pateaba una lona, yo lo veía por abajo y le decían ‘Ferreyra vos cada día estás más loco’”. Recordó sobrenombres: Cuaco, Pájaro, Vitullo, Pepe. Y el generador que hacía rodar la picana. “Cuando quieras hablar abrí y cerrá la mano”, decían.

Las definió como “las noches de aquelarre”, noches en que llegaban hombres “de afuera”. Araceli Gutiérrez estaba en el sillón. “Se sentó al lado mío un señor que, por el olor, fumaba cigarrillos negros. Empezó a manosearme. Vinieron otros más. Y me dijo ‘ah... qué olor feo que tenés’. No me dejan bañarme. Ese hombre me introdujo una pistola en la vagina, los dedos. Me manoseó...” Mutó la voz de esa mujer valiente, que aún hoy les hace frente a las noches en que “vienen los fantasmas a tomar mate conmigo al Monte”, como suele definir. “Yo les decía ‘ahora no’, ¿no puede ser mañana?” Como queriendo ahuyentarlos para siempre echó mano a una excusa frágil frente a la perversidad. Y alcanzó a definir que “estaba lastimada cuando se fueron”. Habló de un médico “de mujeres” que fue llevado al lugar para atenderla.

Los días y las noches en Monte Peloni son una huella en su memoria y su cuerpo. “Me quedó la marca de las esposas y, en la entrepierna, una cicatriz de cuando se me pegó el pantalón con la menstruación.” Cuando “estaba indispuesta y me tenía que higienizar, me alumbraban con linterna, se reían, se burlaban”.

Los represores decidieron –con esa particular valoración por ciertos símbolos– que se festejaría el Día de la Madre. Una caja de bombones le hizo saber que era el tercer domingo de octubre. Aquel día, ella y sus compañeros compartieron los bombones de chocolate. Algunos los devoraron “con papel y todo”.

Hacia el final, no todos estaban allí. En noviembre –en esa eternidad de dos meses desde el secuestro– les avisaron que los iban a trasladar. Fuera del casco de estancia colocaron una lata de combustible de 200 litros. Araceli Gutiérrez temió que “me cocinaran”. Le dieron ropa, “una pollerita cortita con una mancha de aceite”. Y también sus propias botas, una camisa y un saco de hombre. Así terminó su martirio dentro de Monte Peloni y emprendió, ya legalizada, el recorrido por varias cárceles hasta que en 1979 quedó en una semilibertad en la que siguió soportando el acoso de sus captores.