viernes, 31 de julio de 2015

Miguel Etchecolatz reclama que le garanticen el servicio de peluquería y pedicuria (¿?)

Un hábeas corpus por el pelo y las uñas

El represor, uno de los que más condenas acumula por sus crímenes de lesa humanidad, redactó la presentación de puño y letra. Se queja de que no tiene peluquero ni pedicuro y argumenta que el pelo largo “vulnera el resguardo de higiene”.

El ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz reclama un peluquero. El ex director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que suma cinco condenas por delitos de lesa humanidad, redactó de puño y letra un recurso de hábeas corpus para que el Servicio Penitenciario Federal le garantice “servicio de peluquería y pedicuría”. Cuatro días después el juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, le concedió una audiencia por videoconferencia desde el penal de Ezeiza y tomó nota del reclamo, que transmitió al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y al juez federal Daniel Rafecas, quien instruye causas por las que Etchecolatz podrá seguir acumulando condenas hasta el final de sus días.

La carta de quien fuera mano derecha del ex coronel Ramón Camps durante el terrorismo de Estado data del jueves pasado. Etchecolatz explica que recurre al hábeas corpus una vez “agotadas las gestiones tendientes a lograr el concurso de un peluquero sin obtener a la fecha resolución alguna, pese a la comunicación que con fecha 6 del corriente cursara al Complejo el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata”. El pelo largo “vulnera el resguardo de higiene”, agrega. Concluye con el tradicional “Será Justicia” y firma como “Prisionero de guerra”.

El lunes a primera hora el juez Santa Marina ordenó que el represor fuera trasladado a la sala de audiencias del penal. Menos de dos horas después, Etchecolatz apareció del otro lado de la pantalla y se explayó ante el magistrado. Según el acta, “hace un tiempo que viene solicitando un peluquero y un pedicuro, pero le dicen que no hay obligación por parte del Servicio Penitenciario de prestar ese servicio”. El 6 de julio el tribunal platense “puso en conocimiento de la unidad que se le debía ofrecer el servicio de un peluquero, pero no hicieron nada”, aseguró. “Nadie da una respuesta”, se quejó el policía que supo regentear el mayor circuito represivo de la Argentina durante la última dictadura. Pidió que se le hiciera saber al tribunal y a Rafecas del pedido “para que intercedan” y le notifiquen lo que resuelvan. Cerrada la audiencia, el juez Santa Marina dio por desistida la acción de hábeas corpus y trasladó el pedido a los destinatarios requeridos por el ex policía.

Etchecolatz es detrás de los ex generales Luciano Menéndez y Santiago Riveros uno de los represores que más condenas acumula por su actuación durante la dictadura. En diciembre de 1986 la Cámara Federal que había juzgado a los ex comandantes lo condenó a 23 años de prisión en un juicio que compartió con los generales Ramón Camps y Ovidio Richieri y con los policías Jorge Bergés y Norberto Cozzani. Seis meses después, en línea con el dictamen del procurador Juan Octavio Gauna, la Corte Suprema de Justicia declararía constitucional la ley de obediencia debida, que le permitiría a Etchecolatz y a los dos polícías recuperar la libertad.

En 2004 Etchecolatz y Bergés se convirtieron en los primeros represores condenados por la supresión de identidad de una hija de desaparecidos sin haber sido apropiadores directos. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata lo condenó a siete años de prisión por el caso de la hija de Aída Sanz y Eduardo Gallo. Dos años después, tras la anulación de las leyes de impunidad, el mismo tribunal lo condenó a prisión perpetua por secuestros, tormentos y homicidios calificados. En 2012 recibió su segunda sentencia a reclusión perpetua por quince homicidios calificados, y en octubre pasado la tercera, por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino La Cacha.EL 24 DE AGOSTO COMENZARA EL JUICIO CONTRA UN EMPRESARIO SALTEñO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

martes, 26 de mayo de 2015

Arrestaron al ex jefe de personal del Regimiento 7º de La Plata

Welsh, un prófugo buscado durante dos años

El ex jefe de Personal del Regimiento de Infantería 7 de La Plata durante 1976, Enrique Francisco Welsh, quien se encontraba prófugo de la Justicia y está imputado por crímenes en el centro clandestino que funcionó en una sede policial, fue detenido en un domicilio de la Capital Federal por la Policía Federal.

Según informó el sitio web del Ministerio Público Fiscal, la Policía Federal detuvo el viernes por la noche en un domicilio de la Capital Federal a Welsh, quien se encontraba prófugo desde el 2 diciembre de 2013 en la causa en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la sede de los regimientos de Infantería y Caballería de la Policía provincial.

Welsh, de 65 años y por quien se ofrecía una recompensa de 500 mil pesos, fue trasladado en la mañana del sábado a La Plata, donde ese mismo día se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez federal subrogante Laureano Durán.

El ex militar fue reconocido en 1976 por sobrevivientes como secuestrador –lo mencionan vestido de civil– y como torturador e interrogador de aquel centro clandestino, uno de los primeros puestos en funcionamiento en la región tras el golpe de Estado del 24 de marzo.

La detención de Welsh era requerida desde 2008 por la Unidad Fiscal de La Plata, que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción. La fiscalía lo imputó en su carácter de jefe de personal –y, como tal, miembro de la plana mayor– del Regimiento de Infantería 7. Esta unidad militar fue la jefatura del área operacional 113, a cargo de la represión ilegal en La Plata.

Al describir los testimonios de los sobrevivientes, la Unidad Fiscal remarcó que “han relatado que permanecían en una especie de barraca militar –una o más– o grandes galpones, con sus ojos vendados o encapuchados, acostados en camas o cuchetas y esposados a ellas, no podían hablar entre ellos, sin poder ir al baño, con escasa comida y bajo el temor constante de ser sometidos en cualquier momento a golpes, patadas u otro tipo de maltrato o, si se llevaban a otro compañero para ser interrogado, permanecían tensionados preguntándose en qué estado regresarían o si volverían con vida”. Otros testimonios, indicó la fiscalía, “dan cuenta de la existencia de celdas individuales en las que permanecían secuestrados o en talleres donde eran torturados e incluso algunos fueron llevados a una caballeriza en la parte posterior de la dependencia”.

La investigación revela que en la misma madrugada del golpe de Estado cívico-militar comenzó el arribo de prisioneros ilegales al centro clandestino, en su mayor parte trabajadores con militancia sindical en la zona del Puerto La Plata, en las ciudades de Berisso y Ensenada