Circuito Camps: Smart quiere seguir libre para usar internet

En su pedido para no perder la prisión domiciliaria argumentó que es el único modo de garantizar su autodefensa. Todos los defensores rechazaron el pedido de fiscales y querellantes para que a los acusados se les imputen 33 homicidios.

James Smart, en su doble rol de acusado y abogado defensor, durante el juicio Diagonalesweb@gmail.com

El ex ministro de gobierno provincial de la dictadura militar, James Smart, pidió que no le sea revocado el beneficio de la prisión domiciliaria y lo basó en su necesidad de acceder a Internet para poder ejercer con todas las garantías su autodefensa. Lo hizo en una nueva audiencia del juicio por los crímenes cometidos en el marco del denominado Circuito Camps, estructura represiva comandada por el jefe de la policía bonaerense de entonces, en la que todos los defensores alegaron en contra del pedido de las querellas y las fiscalías para que a los procesados se les amplíen las imputaciones a homicidios y, como consecuencia, se les quiten los beneficios.

Smart, el único civil del proceso, quien además ejerce su propia defensa, en el marco de un pedido semejante de los abogados de los 15 imputados.

La fiscalía y los querelantes habían requerido en audiencias previas que las acusaciones se amplíen por el delito de homicidio cometidos contra 33 víctimas que estaban desaparecidas, y cuyos cuerpos fueron identificados con posterioridad por el Equipo de Antropología Forense (EAAF).

El abogado Smart había sido acusado, junto con el ex gobernador de facto Ibérico Saint, por el homicidio de Jorge Rubinstein, el ladero del empresario David Graiver, en el centro Puesto Vasco.

Las dos defensas consideraron que el hecho ya fue juzgado en 1985 a pesar de que Lidia Papaleo e Isidoro Graiver en aquella oportunidad no dieron precisiones de esa muerte y sí lo hicieron en este juicio.

Antes de Smart, entre los abogados defensores habló la defensora oficial Laura Diaz, quien representa a Etchecolatz y a otros cuatro ex policias. Ejerció una defensa tecnica, en la que sostuvo que "ni las identificaciones de los antropólogos, ni los testimonios, ni las pruebas documentales "son hechos nuevos". Según su criterio, entonces, la querella y los fiscales debieron pedir las ampliaciones en la etapa de instrucción y "el debate oral no es para corregir omisiones cometidas en la instrucción".

Ofrecen recompensa por datos sobre represores prófugos

Es de 100 mil pesos e incluye a Néstor Ramón Buzatto, un ex policía que estuvo en el ataque a la casa de la calle 30, donde fue secuestrada Clara Anahí, la nieta de Chicha Mariani.

Chicha Mariani en la casa de la calle 30, y una imagen del policía prófugo, Néstor Ramón Buzatto
Diagonalesweb@gmail.com

El Ministerio de Justicia ofreció este lunes recompensas de 100 mil pesos para quien aporte información que permita detener a seis prófugos en causas por delitos de lesa humanidad, entre ellos Néstor Ramón Buzatto, vinculado con la desaparición de la nieta de "Chicha" Mariani, los crímenes de los militantes peronistas Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiaso, y la megacausa ESMA.

Mediante las resoluciones 1.574, 1.575, 1.577 y 1578, firmadas por el ministro Julio Alak en el Boletín Oficial, el Gobierno ofreció la recompensa por el plazo de 12 meses para hallar también a los prófugos Sebastián Roberto Nicolás, Rubén Eduardo Alcuri, Raúl Campilongo y Juan José Vragnisan, todos ellos imputados en la causa 07\11, caratulada "Patti, Luis Abelardo y otros s\Homicidio en perjuicio de Pereyra Rossi, Eduardo Daniel y de Cambiaso, Osvaldo Agustín".

Buzatto está reclamado por el juez federal platense Arnaldo Corazza, quien está sospechado de haber participado en el operativo en el que fue asesinada Diana Teruggi (su esposo, Daniel Mariani, fue asesinado ocho meses después) y secuestrada en el marco del Plan Sistemático de Robo de Bebés la niña Clara Anahí, aún hoy en manos de sus apropiadores.

El joven era hijo de María Isabel Chorobik de Mariani, Chicha, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, que aún sigue buscando a Clara Anahí, la cual tenía tres meses de edad cuando fue apropiada por los represores.

Buzatto, incluso, había resultado herido por disparos de las propias fuerzas represivas durante aquel episodio.

Nicolás, Alcuri -alias "El petiso Aguilar", quien "sacaba fotos a los detenidos antes de tirarlos al mar", según denuncias de testigos-, Campilongo y Vragnisan figuran como "PCI" (Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601).

Las recompensas alcanzan a Mario Alfredo Sandoval, reclamado por el juez federal porteño Sergio Torres y el fiscal Eduardo Taiano en el marco de la causa Nº 14.217\03 caratulada "ESMA s\Delito de Acción Pública".

Sandoval, alias "Churrasco", es un ex oficial de Coordinación Federal que fue contratado como asesor en temas de seguridad y defensa en el gobierno francés de Nicolás Sarkozy, pese a estar imputado en la Argentina de los delitos de "tormentos, privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos con resultado de muerte".

La acusación por los homicidios

Pedido de la Fiscalía en la causa por los delitos en el Circuito Camps
La fiscalía federal de La Plata solicitó ampliar las imputaciones de catorce acusados e incluir el homicidio de 33 víctimas. El pedido abarca a Ibérico Saint Jean y Jaime Smart. Si prospera, podrían ser condenados a prisión perpetua.

 Por Alejandra Dandan

El fiscal Hernán Schapiro recordó lo que dijo una testigo durante el juicio. El momento en el que Magdalena Perdighé explicó cómo había entendido de chica eso que el dictador Jorge Rafael Videla decía sobre los desaparecidos: “Cuando de chiquita escuchaba ‘no están’, son una ‘entelequia’, a uno le parecía que era hija de fantasmas, todo eso cambió muy positivamente cuando identificaron el cuerpo de mi madre”. Con esos modos de entender lo que significó la recuperación de los cuerpos de las víctimas para sus familias, con los elementos que aportó sobre los asesinatos el Equipo Argentino de Antropología Forense y para tratar de “abarcar la magnitud que tuvieron los hechos”, la fiscalía federal de La Plata pidió ayer, en el juicio por los crímenes cometidos en el Circuito Camps, ampliar las imputaciones de catorce acusados e incluir el delito de homicidio por 33 de las víctimas. Como lo empezaron a hacer la semana pasada las querellas, el pedido alcanzó a los responsables máximos del accionar militar en la provincia de Buenos Aires: Ibérico Saint Jean y Jaime Smart, gobernador y ministro de Gobierno, que hasta ahora no están acusados por asesinato. De prosperar el pedido, también ellos podrían ser condenados a prisión perpetua. Hacia el final del día, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación se sumó a la solicitud. El Tribunal postergó las audiencias hasta el 28 de agosto para que respondan las defensas.

“Cuando uno ve cosas como las que todos pudimos ver acá, y hablo de todos, hacen falta palabras que uno no encuentra para explicar tanto horror”, dijo Schapiro. “En parte, la misión nuestra como fiscalía, como también la del Tribunal, es reparar estos hechos que no sólo significan identificar los restos (de las víctimas), sino también determinar la verdad histórica, la aplicación de la responsabilidades penales que a cada uno de los imputados les cabe y la aplicación de una sanción correspondiente, procurando abarcar la magnitud de esos hechos atroces: éste es el sentido de la ampliación que estamos pidiendo.”

La jornada del juicio se abrió tras largas demoras por los traslados de los prisioneros. El Servicio Penitenciario Federal debía llevar a Rodolfo Aníbal Campos, el segundo de Ramón Camps, hasta la cárcel de Ezeiza para escuchar la ronda de acusaciones, pero en el camino se desvió a recoger al médico de policía Jorge Bergés. El Tribunal no quería. Les había dicho que todo estaba demorado y ese traslado no hacía falta. “Quiero que se tenga en cuenta”, repitió el presidente del TOF, Carlos Rozanski, notoriamente molesto cuando se enteró. En la sala del Teatro de la ex AMIA de La Plata, sede del debate, se sentó temprano Saint Jean, que habitualmente no está. Llegó en la silla de ruedas para escuchar la acusación en su contra. Esta vez estaba ahí por el homicidio de Jorge Rubinstein, abogado y hombre de confianza de David Graiver, secuestrado y torturado en Puesto Vasco. Saint Jean quedó sentado en una esquina del escenario, cerca del escuadrón de acusados que sigue el juicio. Apenas lo vio, el ex comisario Miguel Etchecolatz caminó, se puso enfrente y lo saludó efusivamente con la mano.

Schapiro y el fiscal ad hoc Gerardo Fernández tomaron la palabra. Schapiro explicó cuestiones de doctrina y, entre otros antecedentes, una del Tribunal Oral Federal 4, a cargo del juicio por los crímenes cometidos en El Vesubio, que habilitó pedidos similares. Con esos elementos intentó abrir lo que reaparece en cada uno de los últimos juicios como dilema, que es cómo hacer para poder incluir la figura de homicidio cuando no fue planteada en la etapa de instrucción. Los argumentos intentan demostrar la vitalidad de la etapa oral y la capacidad de aportar nuevos elementos. En ese sentido, Schapiro habló de nuevos elementos y contó cómo esas pruebas aportaron información de contexto para entender, por ejemplo, en toda su dimensión la dinámica de los centros clandestinos del Circuito Camps, “con mayor conocimiento e información más rigurosa que la instrucción”. Habló de los homicidios como “segunda desaparición”: intentaron “crear un estado de anulación de las personas provocado para causar la muerte sin riesgo alguno para los agresores”.

Los pedidos fueron los mismos que la semana pasada hizo Justicia Ya! Abarcaron tres grupos de víctimas. Entre ellas, veintidós identificadas por el Equipo de Antropología Forense. Otro es el llamado “Grupo de los siete”, aquellas víctimas que estuvieron secuestradas en la Brigada de Investigaciones de La Plata y por las cuales el capellán Christian von Wernich fue condenado en 2007. La condena incluyó el homicidio pese a la ausencia de los cuerpos. La sentencia quedó firme en 2010 por un fallo de la Corte Suprema y ahora se lee como prueba documental para sostener la constancia de los asesinatos.

El caso que podría llevar a las perpetuas de Saint Jean y Smart es el de Jorge Rubinstein. Es complicado jurídicamente porque la causa 44/85 consideró que fue secuestrado y torturado, pero no probó el homicidio. Para eso tenía en las manos un informe de la morgue que decía que la muerte era “natural” y consideró que para rebatirla no era suficiente el único testimonio que evaluó, el de Lidia Papaleo, que dijo haberlo escuchado gritar en las torturas, que luego escuchó un silencio y a continuación que arrastraban su cuerpo. Todo eso se puso en discusión en este juicio a partir de la declaración, entre otros, de Isidoro Graiver, que permitió entender que el homicidio se produjo como consecuencia de las torturas sumadas a un grave cuadro de salud. “Jorge Rubinstein era abogado y hombre de confianza de mi hermano”, recordaron los fiscales que dijo él. “Había sufrido un accidente y había sufrido una operación del corazón. Las pastillas que necesitaba no se las daban regularmente. No estaba en condiciones de resistir una sesión más de tortura... Lo llevaron igual. Después de un cierto tiempo escuchamos unos pasos, como arrastrando un cuerpo. (Francisco) Fernández Bernárdez (secuestrado en Puesto Vasco con ellos) puso el ojo en la mirilla y nos dijo que había visto pasar el cuerpo de Rubinstein arrastrado por dos personas.”

En ese contexto, el fiscal Fernández recordó el nuevo testimonio de Lidia Papaleo. Y dijo que los testimonios demostraron que el abogado era una persona de edad avanzada, con “una salud deteriorada”, que fue sometido a tortura y que eso provocó su muerte. Y “contrariamente” a lo que dijeron los peritos, aseguró que “ha quedado demostrado fehacientemente que Rubinstein ingresa a Puesto Vasco en mal estado de salud, con necesidad de medicación controlada y permanente y que, pese a dichas circunstancias conocidas por sus captores, fue sometido sistemáticamente a tormentos”.

Los fiscales pidieron como medida cautelar la detención inmediata y la prisión de todos los imputados y de los que están con domiciliaria por mayoría de edad, entre ellos la de Smart. Los jueces dijeron que el 28 volverá el debate para que se descarguen las defensas y decidir también las cautelares.

COMUNICADO DE PRENSA - Justicia Ya

                                                                           “precisamente por esto, hay que asumir de frente y sin tapujos esta realidad que muchos pretenden dar por terminada. Hay que mantener en un obstinado presente con toda su sangre e ignominia algo que ya se ha querido hacer entrar en el cómodo país del olvido. Hay que seguir considerando como vivos a los que acaso ya no lo están pero tenemos la obligación de reclamar uno por uno hasta que la verdadera repuesta muestre finalmente la verdad que hoy se pretende escamotear”.
                                                                                                  Julio Cortazar
                                                                                              Coloquio en Paris, 1981
 
En la audiencia el día lunes 6 de agosto del juicio a los represores en la causa Circuito Camps nuestra querella expuso ante el tribunal el pedido de ampliación de las indagatorias por el delito de homicidio cometidos contra 33 víctimas casos, en que el Equipo Argentino de Antropología Forense ha logrado identificar los restos de los compañeros desaparecidos o en aquellos donde la prueba testimonial y documental permiten acreditar el fallecimiento.
Como medida cautelar y ante la posibilidad de fuga de los imputados dada la variación de la situación que el pedido genera, solicitamos las revocatorias de las excarcelaciones y de las prisiones domiciliarias. Lamentablemente, la fiscalía no acompañó el último pedido, y luego de largas deliberaciones el tribunal por unanimidad resolvió la detención inmediata de Svedas y por mayoría no cambiar la situación de los que gozan prisión domiciliaria hasta tanto la Fiscalía no se expida.
 
Las abogadas que representan a Justicia Ya en La Plata destacaron  la insistencia y perseverancia de nuestra querella en agotar en un único proceso el tratamiento integral de las conductas atribuidas a los imputados, evitando el juzgamiento parcial de ellas y la multiplicidad de procesos en el tiempo ya que se tratan de diferentes fases, interconectadas, secuenciadas y concatenadas  que respondían al mismo plan final.
 
Al mismo tiempo  señalaron que la figura de homicidio calificado se aplique exclusivamente en casos donde existan específicos  hallazgos documentales, testimonios de sobrevivientes  o la identificación de los restos que permitan entonces salir de esa “no muerte” propia de la desaparición forzada de personas dadas  las abismales diferencias históricas, simbólicas, sociales y psicológicas  existentes entre la desaparición forzada y los homicidios.
Se abordaron 22 casos de víctimas identificadas por el EAAF, y 11 casos provenientes de las testimoniales oídas durante el proceso, sumadas a sentencias judiciales o pruebas documentales obrantes en la causa.
 
En  síntesis Justicia Ya expuso que debido a  las nuevas circunstancias aparecidas durante el juicio, la documental agregada y especialmente las introducidas por los testimonios de los sobrevivientes y del Equipo Argentino de Antropología Forense, demuestran la relación indubitable existente entre el  secuestro, privación ilegitima de la libertad, tortura ,  traslado y los  homicidios  de 33 personas que  durante  su cautiverio  permanecieron   en  Comisaría 5ta, CCD Arana, Brigada De Investigaciones La Plata y Puesto Vasco.
 
El próximo lunes 13 se escucharán las exposiciones de las demás partes, y seguramente el Tribunal resolverá el día martes 14 si se amplía la indagatoria de trece de los procesados. Creemos que con la presencia de todos aquellos  que puedan estar el día martes,  se logrará el respaldo necesario a los planteos de Justicia Ya, los esperamos en la ex Amia calle 4 entre 51 y 53.

Inicio de los alegatos de las querellas - Para poder acusarlos por homicidio

En el caso de 26 de las 33 víctimas identificadas, reclaman que a los imputados, entre los que figuran Ibérico Saint Jean y Jaime Smart, se los juzgue por asesinato. El tribunal revocó la libertad del ex comisario mayor Fernando Svedas.

 Por Alejandra Dandan

La figura del homicidio es uno de los dilemas por los que atraviesan los juicios de lesa humanidad. En La Plata, las querellas empezaron a pedir ayer que la responsabilidad de los ejecutores de los crímenes de la dictadura no sólo sea considerada en términos de secuestros y tormentos sino también por el delito de homicidio. Este nombre, que viene a reemplazar lo que durante años estuvo sin posibilidades de ser nombrado, no alcanza a todas las víctimas sino a 33 personas sobre las que existen pruebas materiales del asesinato. Las pruebas son físicas en 26 casos identificados por el Equipo Argentino de Antropología; documentales cuando alguna instancia del Estado declaró el asesinato, como en el caso del llamado “grupo de los siete”, por los cuales el capellán Christian von Wernich fue condenado por homicidio. Y finalmente las identificaciones por rutinas de las fuerzas de seguridad. Ayer empezó la ronda de pedidos la querella de Justicia Ya! La fiscalía hará sus propios pedidos la semana próxima. Las acusaciones de ayer abren la posibilidad para condenas a perpetuas de 13 de los 26 acusados, entre ellos, Jaime Smart e Ibérico Saint Jean, gobernador y ministro de Gobierno. Los querellantes pidieron además prisión efectiva sin domiciliarias, salvo en los casos de salud, y que se revoquen las excarcelaciones hasta que se conozca el resultado del Tribunal para evitar próximas fugas. Allí estuvo puesta la tensión del final de la jornada. Luego de una larga deliberación de dos horas, el Tribunal Oral Federal No 1 revocó la excarcelación del ex comisario mayor Fernando Svedas y difirió el resto de las decisiones hasta el alegato de los fiscales.

“Aquí un testigo dijo refiriéndose a un amigo entrañable: su no vida, su no muerte, por lo que significa la desaparición forzada de personas”, dijo la abogada Guadalupe Godoy, de la querella de Justicia Ya! “El drama argentino no es la muerte de 30 mil personas, sino lo que genera la figura del desaparecido –explicó a este diario–, por eso nos parece que no se puede decir que están muertos, pero la figura de privación ilegal y los tormentos no refleja tampoco lo que pasó porque justamente falta el tramo de la desaparición.” En ese contexto, y en línea con las posturas de los organismos de derechos humanos que representa, explicó en el juicio que “conscientes de las abismales diferencias entre la desaparición forzada y los homicidios, sólo aceptamos que la figura de homicidio calificado se aplique exclusivamente a los casos en los que hubo hallazgos documentales, testimonios de sobrevivientes o la identificación de los restos de personas que permitan entonces salir de esa no muerte, propia de la desaparición”.

Entre las 33 víctimas por las que ellos pidieron la ampliación, 26 fueron identificadas por el EAAF en general luego de la elevación a juicio de la causa y desde que empezó el debate, como los casos de Ana Teresa Diego y Patricia Dillon. En la declaración de la semana pasada, los antropólogos acreditaron que la mayoría murió por fusilamientos y dos por vuelos de la muerte.

Fuera de estos casos, hay otros tres grupos de víctimas cuyos asesinatos para la querella están sostenidos por otro tipo de pruebas. El llamado grupo de los siete, que son los secuestrados que estuvieron alojados en la Brigada de Investigaciones de La Plata y por los cuales Von Wernich gestionó ante sus familias la entrega de dinero para sacarlos del país. A Von Wernich lo condenaron por homicidio en esos casos, un fallo del Tribunal Oral Federal de La Plata que también estuvo presidido por Carlos Rozanski y que es la base documental para sostener esta nueva acusación. Svedas está acusado por estas causas.

Otro caso es el de Jorge Rubinstein, abogado del grupo Graiver, secuestrado, torturado y asesinado en Puesto Vasco. El caso de Rubinstein ya había sido juzgado en la causa 44/85, pero los jueces descartaron el asesinato porque consideraron que no había prueba suficiente. Por eso éste es uno de los desafíos jurídicos del juicio. En ese momento, la Cámara consideró sólo el testimonio de Lidia Papaleo, pero dijo que no era suficiente. Lidia contó que lo había escuchado cuando lo torturaron, que luego hubo un silencio y sintió el momento en el que arrastraban el cuerpo. En el juicio actual declaró Isidoro Graiver, que relató la misma escena y agregó que el cambista Francisco Fernández Bernárdez, que estaba secuestrado, espió el cuerpo a través de la mirilla de la celda y vio cómo lo arrastraban después de la tortura. Pese a que hay semejanzas con el caso, por ejemplo de Raimundo Villaflor, muerto durante las torturas en la ESMA y sobre el que el Tribunal de ese juicio ESMA declaró y condenó por homicidio, en este caso el fallo de 1985 podría ser considerado un obstáculo si el Tribunal entiende que el hecho ya fue juzgado. Por este caso están pidiendo la acusación de Saint Jean y Smart, que está en prisión domiciliaria y nunca pasó un día en la cárcel.

El tercer grupo de casos es el de Guillermo Abel Amarza, llamado “legajo cadáver”: su muerte está probada a partir de una ficha que elaboró la policía en la vía pública, en la que están sus huellas dactilares pero se lo identificó con otro nombre.

Los acusados del juicio son 26, de los cuales sólo 3 están imputados por homicidio: son los que llegaron por los crímenes de la calle 30, donde acribillaron a cinco militantes, y robaron a Clara Anahí, la nieta de Chicha Mariani. Son Miguel Etchecolatz, su ex chofer Hugo Guayama y Carlos “El Oso” García. El resto está acusado por secuestros y tormentos. La mayoría está con prisión domiciliaria, que Chicha Mariani define como “es lo mismo que estar en sus casas”. En algunos casos lo están por razones de salud. Tres están excarcelados. Por el pedido de homicidio, que es un delito no excarcelable, las querellas quedan habilitadas a pedir las detenciones efectivas en todos los casos, como sucedió ayer. Guadalupe Godoy indicó que esa medida debía cumplirse de modo inmediato y de forma preventiva, hasta que el Tribunal resuelva la ampliación por las posibilidades de la fuga. Las querellas acompañaron el pedido. La fiscalía pidió un cuarto intermedio y luego dijo que le parecía “procedente”. Hablaron las defensas. El Tribunal se retiró a deliberar dos horas. Finalmente resolvieron revocar la excarcelación de Svedas y difirieron el resto de las decisiones hasta el alegato de los fiscales. Carlos Rozanski votó en minoría por las detenciones.

Por cuestiones de garantías del proceso, las causas suelen llegar a juicio oral con acusados que saben que están imputados por determinada cantidad de delitos. En muchos casos, la acusación por homicidio no se hace pese a la existencia de la prueba. Hay jueces, y en La Plata también fiscales, que siguieron un criterio que se repite en ámbitos como el Primer Cuerpo de la Capital Federal. Según ese criterio, técnicamente no pueden saber si a una persona la asesinaron inmediatamente a la salida del centro clandestino por el que están siendo juzgados los responsables, o si tras la salida pasó por otro lado. Lo que ahora cada juicio pone en discusión es la certeza de ese criterio. Por un lado, las querellas y algunos fiscales sostienen lecturas como la “línea de continuidad”, que implica que todo es parte de un mismo hecho, y no importa el momento de la muerte sino que cada imputado es pieza de un crimen en el que cada uno aportó su parte. Por otro lado, hay avances técnicos del EAAF, como demostraron los antropólogos en la declaración de la semana pasada, porque cuentan con la posibilidad de datar las fechas en las que las víctimas pudieron haber sido asesinadas.

Lo que pasó en La Plata cabalga en ese escenario. “Durante la instrucción, las querellas habíamos solicitado reiteradamente que se impute el homicidio en los casos en los que se habían identificado los cuerpos”, dice Godoy. “El caso paradigmático es el de María Adela Garín, identificada en la década de los ’90, pero nunca se logró una imputación fiscal y por criterios del juzgado de Arnaldo Corazza no se admitió esa ampliación si sólo era pedida por las querellas. Así llegamos a la instancia del juicio oral con identificaciones de Mónica Santucho y Héctor Carlos Baratti, por ejemplo, pero sin la acusación por sus homicidios.”

En ese escenario, los pedidos vuelven a realizarse ahora que está promediando el debate. Durante estos meses quedó perfeccionada la prueba que había, se conocieron nuevas circunstancias y más información sobre los crímenes y la relación con los acusados. Esa es otra de las razones que habilita la ampliación.

Justicia Ya-La Plata pide ampliación de indagatorias

 COMUNICADO DE PRENSA
 
Justicia Ya en La Plata informa que en la audiencia el día lunes 6 de agosto del juicio a los represores en la causa Circuito Camps, nuestra querella pedirá la ampliación de las indagatorias por el delito de homicidio en aquellos casos en que el Equipo Argentino de Antropología Forense ha logrado identificar los restos de los compañeros desaparecidos o en los casos donde la prueba testimonial y documental permiten acreditar el fallecimiento.

En principio por los siguientes compañer@s:

Almarza, Guillermo Abel; Bachini, Héctor Federico; Baratti, Héctor Carlos; Bonetto, Roberto Jorge; Ciancio, Luis Alberto; Cicero de Sobral, Elsa Lilia; Diego, Ana Teresa; Dillon de Ciancio, Patricia; Fernández de Mercader, Silvia Anahí; Fraccarolli, Humberto Luis; Garín de De Angelis, María Adelia; González De Mora, Silvia Amanda; Ibáñez Roberto; La Spina De Cena, Nora Susana; Lezana Piñeyro, Graciela; Lugones, Carlos Eduardo; Malnatti Salazar, Hector Hugo; Mercader, Mario Miguel; Mora, Juan Carlos; Rubinstein, Jorge; Sagués de Perdigué, Graciela Beatriz; Santucho, Mónica; Simón, Carlos Francisco; Sobral, Guillermo Ramón; Traverso De Bozzi, Susana; Williams, Carlos Guillermo; Galarza, Liliana Amalia; Idiart, Cecilia Luján; Mainer, María Magdalena; Mainer, Pablo Joaquín; Moncalvillo, Domingo Héctor; Morettini, María Del Carmen; Salamone De Guevara, Nilda Susana.
 
De esta forma en los más de 30 asesinatos comprobados por los que los imputados fueron sólo acusados por las privaciones ilegales de libertad y tormentos corresponderá ahora solicitar (en caso que el Tribunal acepte el planteo), al momento de los alegatos, penas de prisión perpetua a los genocidas responsables en cada homicidio.
 
Invitamos a acompañar esta ampliación que solicitarán nuestras abogadas el día lunes 6 de agosto a las 12hs en la exAmia calle 4 entre 51 y 53 a partir de las 12 hs y recordamos que para asistir al juicio deben llevar DNI no existiendo restricción horaria  para entrar o salir del mismo.
 

El testimonio de Adriana Chamorrro, que reconoció al médico Bergés

“La situación era infernal”

En el marco de la causa Camps, Adriana Chamorro contó cómo asistió el parto de María Asunción Artigas de Moyano. El hambre, el frío y las torturas que sufrían. Recordó que Jorge Bergés estuvo presente cuando la picanearon y luego la atendió por las heridas.

 Por Alejandra Dandan

Desde Canadá, el lugar donde vive después de ser detenida-desaparecida y legalizada como presa en Devoto, Adriana Chamorro describió al médico de policía Jorge Bergés. Primero, la voz, la que escuchó durante su tortura. Luego, los ojos, cuando pasó a revisarla en una de las celdas. Y más tarde, la intervención en el parto de Victoria Moyano, un parto que Adriana siguió de cerca, cuidando a María Asunción Artigas de Moyano durante la gestación, en la misma celda, tomando el tiempo entre contracción y contracción.

Adriana declaró desde Montreal ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, a cargo del juicio por el llamado Circuito Camps. Habló de su secuestro y las torturas en la Brigada de San Justo, supervisadas por aquel médico al que logró conocer por el nombre ya en el exilio. Luego habló de su paso por el Pozo de Banfield y del parto de Victoria Moyano.

“Estábamos desesperados, en un lugar sin luz, esposados las 24 horas del día. Estábamos muertos de hambre, muertos de frío, la situación era realmente infernal”, dijo. Desde fines de marzo hasta octubre de 1978 se habían ido llevando a varios grupos de prisioneros, y dejaron sólo a María Asunción. “Me pusieron a mí en el calabozo con ella –explicó Adriana–. Tenía un embarazo de unos seis meses y como tenía crisis epilépticas vino un médico que tenía barba y bigote, le dio una pastilla y le dijo que se mentalizara de que iba a salir solamente cuando naciera su hija.” En otro momento, pasó el jefe del lugar con otra persona, para presentarle a María Asunción. “Nosotros pensamos que ésa iba a ser la persona que se iba a robar al niño”, dijo Adriana.

Finalmente nació la hija de María. “Todos participamos del parto. Empezó a tener contracciones. Yo golpeaba un lado de la pared para que Eduardo (Corro, alojado en la celda de atrás) contara las contracciones. Cuando terminaban, golpeaba de nuevo para que parara de contar y golpeaba atrás para que el de atrás empezara a contar. Estuvo así alrededor de 24 horas porque las contracciones venían de tanto en tanto, hasta que logramos calcular que se daban durante cuatro o cinco minutos. Ahí llamamos a la guardia. Se la llevaron abajo y nació Victoria, que por suerte está recuperada hoy en día.”

Después, María le contó que el médico que había estado en su parto era igual al que ella había descripto como presente en sus torturas. “Ni Mary ni yo sabíamos cómo se podía llamar –dijo Adriana–. Nosotros lo llamábamos ‘el médico de mi tortura’.”

Enseguida “se la llevan a la nena de Mary, un tipo que viene con delantal blanco. Se la dejan unas horas y ella tiene tiempo de darle el pecho porque quería que de alguna manera la nena recordara cuál era su madre. La trajeron a Mary después, tenía mucha fiebre, tuvo muchos problemas con la leche, me tuve que arreglar yo con eso, sufrió muchísimo, por supuesto tenía una depresión enorme porque le habían quitado la hija”.
El secuestro

A Adriana la secuestraron el 23 de febrero de 1978. Se la llevaron tabicada en el baúl de un auto a la Brigada de San Justo, y en otro auto llevaron a Eduardo Corro, que entonces era su compañero. Alguien a quien llamaban Coronel le dijo amablemente que en ese lugar no debía tener miedo, que no iban a violarla ni a tocarla y si algo de eso sucedía debía decírselo a él.

“En la sala de torturas, primero me golpean las orejas con un palo, me dan patadas –dijo–. Finalmente me hacen desnudar y me ponen sobre el elástico de hierro, me tiran un balde de agua y ponen sobre mí una bolsa de arpillera mojada, me ponen las brazos hacia atrás atados, las piernas abiertas hacia adelante y en el pie me atan un alambrecito o un cable. En medio de una gran cantidad de amenazas y preguntas muy irracionales empiezan a darme picana, que como todos saben es infernal. No podía dejar de gritar porque creo que nadie puede hacerlo, y en los momentos en que paraban me hacían preguntas como: ‘¿En qué idioma le hablaste a tu madre?’.”

La tortura se hacía sistemáticamente, dijo. “En las articulaciones, en los senos, en la vagina en particular, y trataron de hacerme en la cabeza o en la cara. Me quemaron los labios, pero alguien que estaba al lado mío dijo: ‘En la cabeza, no’. Entonces siguieron con otras partes. Al rato, la persona que estaba al lado mío me puso el estetoscopio y dijo: ‘Vamos a parar por un rato’. Yo me dije: ‘Hay un médico acá o alguien que sabe’. Se fueron un rato, luego volvieron y siguieron, hasta que se cansaron... Me sacaron a la rastra porque yo no podía caminar.”

Al otro día, después de un poco de comida y agua, observó por primera vez a la cara al médico que había escuchado en la sala de torturas. “Viene una persona muy amable, yo no tenía el tabique puesto. Se presenta como un médico que me va a curar, se sienta, muy amablemente me dice: ‘¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?’. Me dice que lo que tenía no era grave. Me mira el pie. A todo esto yo lo miro con gran intensidad. Me mira el labio, me da un polvito para favorecer la cicatrización. Al escucharlo hablar, trato de que hable más haciéndole algunas preguntas. Me doy cuenta de que es la misma persona que había hablado al lado mío en la tortura. Tenía grandes ojos y un gran bigote. Tenía unos ojos castaños muy calmos y el cabello muy ondulado. Al día siguiente vuelve a venir, verifica la lastimadura, me cura y se va. No lo vi más.”

Adriana recordó los nombres de compañeros de celdas, los apodos de los represores: el Eléctrico, el Burro, a quien identificó en su tortura; el Víbora, un oficial; el Tiburón, a cargo de la patota; el Lagarto; el Pato: “Era un zoológico”, dijo. En el final, el fiscal Hernán Schapiro le preguntó por su militancia política. “Por supuesto (que milité), dado que había una dictadura en Argentina –respondió–. Y yo tenía el derecho como todos los ciudadanos de resistir a ese grupo sedicioso que se había hecho cargo del gobierno ilegalmente y que torturaba, mataba, desaparecía... Así que yo formaba parte de una organización que se llamaba Organización Revolucionaria Compañero.”

Circuito Camps: antropólogos complicaron a los imputados

Cuatro integrantes del EAAF dieron precisiones sobre los hallazgos e identificaciones de 26 desaparecidos. La querella y la fiscalía pedirán que se los impute también por homicidio.


Un power point en el juicio por el Circuito Camps
En una nueva audiencia del juicio por el Circuito Camps, cuatro integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dieron precisiones sobre los hallazgos e identificaciones de 26 desaparecidos que son víctimas en el debate, por cuyos casos la querella y la fiscalía adelantaron que en las próximas audiencias pedirán que los imputados sean acusados, además de por secuestros y torturas, por homicidio, delito para el cual la legislación prevé la máxima pena.

Los antropólogos certificaron que las causas de esas muertes fueron por fusilamientos y en dos casos en vuelos de la muerte. También demostraron que en el centro clandestino de detención que funcionó en el destacamento policial de Arana se realizaron cremaciones clandestinas de cadáveres.

En una extensa jornada del proceso que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 realiza en La Plata, este miércoles los antropólogos del EAAF Patricia Bernardi, Sofía Egaña, Mercedes Salado Puerto y Juan Novile realizaron un informe técnico sobre la recuperación de restos, el análisis forense para la certificación de las causas de muerte y sobre la identificación de cuerpos de desaparecidos, con las que develaron al menos tres mecanismos para el asesinato y desaparición de personas utilizadas por la dictadura: fusilamientos en enfrentamientos fraguados, vuelos de la muerte y la quema de cadáveres