"Las amenazas no frenan el proceso de verdad y justicia"

Lo dijo el fiscal del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Monte Peloni, cercano a Olavarría. La intimidación estaba dirigida al Tribunal, las querellas y los testigos.

El juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detenciones de Monte Peloni, vecino a Olavarría, “va a continuar a pesar de las amenazas” recibidas esta semana por jueces y testigos, porque “es imposible parar este proceso de reparación, de memoria, verdad y justicia”, afirmó el fiscal de la causa, Walter Romero.

El decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), Rafael Curtoni, denunció que en la sede que esa casa de altos estudios posee en Olavarría, y donde se desarrolla el juicio, se recibió una carta con “graves amenazas” hacia los jueces y testigos firmada por un grupo autodenominado CAOS (Comando Argentino Olavarriense Solidario).

Romero dijo que el mismo grupo “ya había realizado otras amenazas similares en los años 2004 -con una especie de collage con un mensaje intimidatorio-, y 2011 -con llamadas telefónicas anónimas-”.

Por ese motivo, las amenazas “también están siendo investigadas”, afirmó; y adelantó que la semana próxima uno de los testigos “podría dar datos que ayuden a descubrir a los que se ocultan detrás de estas maniobras”.

“Quieren amedrentar y asustar pero no van a poder desmoralizar a la gente porque es imposible que se frene este proceso de recuperación de Memoria, Verdad y Justicia”, aseguró Romero.

El fiscal indicó que “existen redes de encubrimiento y hay unos cuantos prófugos en lo vinculado a las causas de delitos de lesa humanidad, por eso creemos que también cuentan con ese apoyo, de hecho, tener un prófugo suele ser bastante caro, así que debe haber apoyo económico también”.

En esa misma línea recordó que el 5 de octubre pasado “se logró detener a una persona que estaba prófuga en esta causa, la que fue encontrada en unas cabañas en Mendoza”.

“Hacía un año y medio que estaba prófugo y yo le pedí al juez que nos delegue la causa, y en tres meses lo encontramos”, relató.

Romero manifestó que “el objetivo de estas acciones es entorpecer, pero el proceso que se está desarrollando en Olavarría para llegar a los responsables del terrorismo de Estado en este lugar, no va a parar, y en realidad lo que están demostrando es que están asustados porque se les termina la impunidad”.

La carta amenazante encontrada advertía que “aplicarán la inversión de la prueba” hacia los testigos y funcionarios judiciales que llevan a cabo el proceso; y señalaba: “Les aseguramos que nuestra condena será más grave que la que vuestra justicia puede aplicar y de cumplimiento efectivo”.

“Partiremos del principio de culpabilidad a fin que los condenados demuestren su inocencia y contraria a la jerarquía que tiene nuestro heroico Ejército Argentino”, decía el texto que intentaba entorpecer la labor del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata integrado por los magistrados Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela bajo la actuación de los fiscales Romero y Marcos Silvagni.

El expediente se elevó a juicio hace más de dos años y los imputados son el sargento Omar Antonio Ferreyra ("Pájaro"), el capitán Walter José Grosse ("Vikingo"), el general Ignacio Aníbal Verdura y el teniente primero Horacio Leites, quienes están acusados de "homicidio agravado con ensañamiento; privación ilegal de la libertad y torturas".

Todos los acusados pertenecen al Ejército y estaban asignados al regimiento de caballería mecanizada Tanques 2 que aún tiene asiento en esa localidad.

El centro de detención de Monte Peloni se estableció en octubre de 1975, en Sierras Bayas, cerca de Olavarría y pertenecía al área 1/12/124, dentro de la zona 1, en relación a la división territorial que el Ejército diseñó para llevar a cabo la represión.

La otra causa contra Editorial Atlántida por notas publicadas durante la dictadura

Las acciones de propaganda

Alejandrina Barry espera que su caso se sume al expediente en el que fue procesado el periodista Agustín Bottinelli por hacer una falsa nota a Thelma Jara de Cabezas mientras estaba detenida en la ESMA.

 Por Gustavo Veiga

La vida adulterada de Alejandrina Barry terminó cuando tenía 13 años y en gran medida se debe a su lucha. Una lucha en inferioridad de condiciones desde el mismo día en que nació. Susana Mata, su madre, la tuvo en la cárcel de Olmos durante el gobierno de Isabel Perón. Después, la dictadura cívico-militar se encargó del resto: desapareció a sus padres, a sus tíos, la transformó en botín de guerra cuando era niña y le inventó una existencia presuntamente piadosa en complicidad con una empresa periodística, Editorial Atlántida. Tres artículos publicados entre diciembre de 1977 y enero del ’78 la transformaron en una hija del terror abandonada a su suerte. Ahí empezó la tergiversación –sus abuelos la habían buscado en Montevideo y la trajeron a Buenos Aires– que ya desmontó pieza por pieza con paciencia de orfebre. Su caso se ventila en tres juicios por delitos de lesa humanidad. Acaba de declarar por primera vez ante un tribunal oral y aportó información valiosa (ver aparte). También espera ver procesados y condenados a los editores de Somos, Gente y Para Ti, las revistas que utilizaron su tragedia para hacer acción psicológica.

El lunes pasado, Barry declaró como testigo ante el TOF1 patrocinada por abogados del Ceprodh. Lo hizo por primera vez en la causa Plan Cóndor, donde es querellante al igual que en el juicio por el centro clandestino Pozo de Banfield, donde su madre estuvo detenida. En esos expedientes se investiga la de-saparición de sus padres, Alejandro y Susana. El estudiante de derecho y ella maestra, ambos militantes montoneros caídos en Uruguay. Pero hay una tercera querella que Alejandrina presentó en 2010 contra Atlántida y que no avanzó como esperaba. El juez federal Sergio Torres se declaró incompetente y luego hizo lo mismo su colega Sebastián Casanello. Ahora es la Cámara Federal la que debe decidir el conflicto de competencias entre ambos.

El procesamiento reciente que Torres le dictó por coacción al ex editor de Para Ti Agustín Bottinelli –en una causa conexa y por una nota fraguada a Thelma Jara de Cabezas, la madre de un desaparecido, mientras estaba detenida en la ESMA– fue bien recibido por Barry, pero no alentó sus expectativas en la querella que sigue contra Atlántida y los ex responsables periodísticos de sus tres publicaciones principales: Samuel “Chiche” Gelblung (Gente), Gustavo Landivar, Héctor D’Amico y Jorge Gutiérrez (Somos) y Agustín Bottinelli y Lucrecia Gordillo (Para Ti).

Barry, militante del PTS e integrante del Ceprodh, le dijo a Página/12 que “el procesamiento de Bottinelli es algo muy importante, pero hay que seguir avanzando. Mi causa es conexa con la de Thelma Jara de Cabezas y si no progresó es por el poder real que siguen teniendo periodistas como Gelblung o D’Amico. Esto se da en el marco de una situación donde los civiles cómplices de la dictadura que están presos se cuentan con los dedos de una mano”.

El texto de su querella solicita que “se establezca conexidad con la causa Nº 7650/08 iniciada a raíz de la denuncia realizada por Thelma Doroty Jara de Cabezas y que como en ese caso se investigue para determinar qué personas dentro de la Editorial Atlántida SA realizaron acciones voluntarias dolosas en los años 1977 y 1978 en mi perjuicio y sobre otras personas, para que ellos respondan penalmente en la medida de sus actos”.

Más adelante sostiene en su denuncia contra la editorial que “los autores de los homicidios de mis padres y mi privación ilegal de libertad, como quienes posteriormente planificaron la realización de las notas periodísticas, la difusión de una fotografía mía y la edición de varias notas publicadas en revistas, contribuyeron en un plan genocida único, que incluía diversas acciones, una de ellas, las acciones de propaganda para encubrir delitos de lesa humanidad”.

Los tres artículos a los que se refiere Barry salieron en Somos el 30 de diciembre de 1977 bajo el título “Los hijos del terror”; el 5 de enero de 1978 en Gente, que informó “Esto también es terrorismo. Alejandra (sic) está sola” y Para Ti cerró la serie de notas el 16 de enero de 1978 con el título “A ellos no les importaba Alejandra”. En su denuncia, Barry sostuvo que “‘las notas periodísticas’ que me involucran marcaron gran parte de mi vida, fraguaron mi historia personal y afectaron mi identidad”. Tal vez el dato más contundente que aportó está relacionado con la velocidad con que se produjeron los hechos: “el asesinato de mis padres, la restitución a mi familia y la publicación de estas notas se dan en menos de un mes, incluso cuando parte de los hechos se desarrollan en el país vecino”.

La pequeña rubiecita de las fotografías con que Atlántida ilustró su historia a medida de la dictadura hoy tiene 39 años y una militancia que se volvió el mejor antídoto contra la impunidad. “Es mi manera de seguir peleándola, porque todo lo que me hicieron a mí, el rol de los medios, no lo tomó ningún juez todavía. Pasó muchísimo tiempo, necesitamos justicia”, pide. Barry está convencida de que cuando los militares la entregaron a sus abuelos “servía más para que ellos hicieran su publicidad que apropiada. No me entregaron sin más. Fue una decisión política”.

Cuando declaró ante el TOF1 en Comodoro Py reveló que mientras buscaba datos de sus padres se presentó en la Dipba (la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense ya disuelta) para solicitar las fichas de sus padres, Juan Alejandro y Susana. Recibió una sorpresa gigante cuando le dijeron que había dos Barry, pero se trataba de ella y su papá. “Yo estaba catalogada como ‘delincuente subversiva’ por haber participado en una marcha contra la presencia de Clinton en Argentina en el año 1997 y evidentemente por ser militante política”.

Barry se enteró de que era hija de desaparecidos a los 13 años. Fue después de una desagradable anécdota doméstica en una familia muy dividida: “la esposa de mi abuelo muy enojada, vaya a saberse por qué, me gritó que yo era hija de terroristas”. Desde ese momento, Alejandrina sepultó la creencia de que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico, reivindicó su militancia y espera que se haga justicia por ellos, y también por ella.