James Smart presenta ante el Tribunal que juzga el Circuito Camps, un decreto con el que pretende despegarse de la Policía
Tras la finalización de la etapa de declaraciones testimoniales, algunos de los acusados en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el denominado Circuito Camps pidieron declarar para intentar mejorar su posición. El lunes lo hicieron el ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, James Smart, quien intentó despegarse del control de la Policía; y el oficial Daniel Lencinas quien hizo lo propio con su participación en el destacamento de Arana. Durante las audiencias del martes declaran el médico Jorge Berges, el comisario Miguel Etchecolatz y el ex cabo Norberto Cozzani.
Smart, tomó la palabra en primea instancia el lunes. Pidió declarar para relativizar un informe que en la audiencia anterior había presentado una perito del archivo de la ex DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires). Ese informe daba cuenta de dos pedidos de investigación ordenadas por el ex ministro del gobernador de facto Ibérico Saint Jean sobre ex funcionario del último mandatario de la democracia, Victorio Calabró.
En ese primer tramo, Smart reconoció la existencia de tal investigación, que constaba en los archivos de la Policía, pero le dio un marco de “legalidad”, pues, según explicó, se trataba de un pedido de la Justicia, en el marco de la investigación de una causa.
Sin embargo, el tramo más llamativo de Smart se dio cuando desempolvó un decreto firmado por él mismo y por Saint Jean, que favorece su posición respecto al control de la Policía. Según su interpretación, ese texto prueba que la fuerza no dependía de su cartera.
Lo sorprendente para el Tribunal y las querellas es la aparición tardía de ese decreto que ahora, una vez fallecido Saint Jean, pretende incorporar como prueba. El acusado lo justificó apelando al manual de declaraciones del funcionario. “Uno firma tantas cosas que no recordaba haberlo hecho en este caso”, dijo.
A su turno, Lencinas intentó desacreditar su presunto accionar en el Centro Clandestino que funcionó en el Centro Clandestino de Arana. Si bien reconoció que estuvo allí y en la Brigada de Investigaciones, declaró que en ninguno de los dos lugares tenía acceso al área restringida, en referencia al lugar donde estaban los detenidos.
Concretamente sobre Arana, Lencinas dijo que hacía control perimetral, a varias decenas de metros del edificio donde estaban los secuestrados. “Es posible que me hayan visto en el interior”, dijo no obstante, aunque lo atribuyó que también estuvo detenido en 1978 luego de una pelea con un superior.
También indicó que cuando le tocaron guardias en ese lugar en determinado momento empezaron a llegar vehículos de la Marina y el Ejército, que cargaban personas encapuchadas. Según Lencinas denunció aquello, lo cual le valió una serie de represalias de parte de la fuerza.
Tras la finalización de la etapa de declaraciones testimoniales, algunos de los acusados en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el denominado Circuito Camps pidieron declarar para intentar mejorar su posición. El lunes lo hicieron el ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, James Smart, quien intentó despegarse del control de la Policía; y el oficial Daniel Lencinas quien hizo lo propio con su participación en el destacamento de Arana. Durante las audiencias del martes declaran el médico Jorge Berges, el comisario Miguel Etchecolatz y el ex cabo Norberto Cozzani.
Smart, tomó la palabra en primea instancia el lunes. Pidió declarar para relativizar un informe que en la audiencia anterior había presentado una perito del archivo de la ex DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires). Ese informe daba cuenta de dos pedidos de investigación ordenadas por el ex ministro del gobernador de facto Ibérico Saint Jean sobre ex funcionario del último mandatario de la democracia, Victorio Calabró.
En ese primer tramo, Smart reconoció la existencia de tal investigación, que constaba en los archivos de la Policía, pero le dio un marco de “legalidad”, pues, según explicó, se trataba de un pedido de la Justicia, en el marco de la investigación de una causa.
Sin embargo, el tramo más llamativo de Smart se dio cuando desempolvó un decreto firmado por él mismo y por Saint Jean, que favorece su posición respecto al control de la Policía. Según su interpretación, ese texto prueba que la fuerza no dependía de su cartera.
Lo sorprendente para el Tribunal y las querellas es la aparición tardía de ese decreto que ahora, una vez fallecido Saint Jean, pretende incorporar como prueba. El acusado lo justificó apelando al manual de declaraciones del funcionario. “Uno firma tantas cosas que no recordaba haberlo hecho en este caso”, dijo.
A su turno, Lencinas intentó desacreditar su presunto accionar en el Centro Clandestino que funcionó en el Centro Clandestino de Arana. Si bien reconoció que estuvo allí y en la Brigada de Investigaciones, declaró que en ninguno de los dos lugares tenía acceso al área restringida, en referencia al lugar donde estaban los detenidos.
Concretamente sobre Arana, Lencinas dijo que hacía control perimetral, a varias decenas de metros del edificio donde estaban los secuestrados. “Es posible que me hayan visto en el interior”, dijo no obstante, aunque lo atribuyó que también estuvo detenido en 1978 luego de una pelea con un superior.
También indicó que cuando le tocaron guardias en ese lugar en determinado momento empezaron a llegar vehículos de la Marina y el Ejército, que cargaban personas encapuchadas. Según Lencinas denunció aquello, lo cual le valió una serie de represalias de parte de la fuerza.
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