Feroz. Inconmensurable. Fríamente planificado. Con esas palabras, los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández intentaron describir las características de la represión ilegal en el Circuito Camps, la red de centros clandestinos de la Policía Bonaerense en dictadura, por cuyos crímenes están siendo juzgados en La Plata algunos de los máximos responsables. Sin embargo, Schapiro y Fernández advirtieron que las palabras resultan insuficientes. "Este juicio reveló la inserción de la Policía Bonaerense en el circuito represivo general instalado en el país por la dictadura", explicaron a Tiempo Argentino los fiscales, antes de los alegatos que van a presentar hoy.Analizaron el rol asignado a cada uno de los seis centros de detención que se investigan, dispuestos para el secuestro, la tortura y el depósito de prisioneros políticos; las motivaciones antisemitas y políticas en el secuestro de Jacobo Timerman y la intencionalidad de sacar de juego y quedarse con el dinero de los herederos del empresario David Graiver, luego de que les arrebataran Papel Prensa.
Esta mañana, ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, los fiscales pedirán condenas para los 23 imputados –tres de ellos murieron en el transcurso del juicio– en el proceso que investiga los crímenes de lesa humanidad contra 280 víctimas en la Brigada de Investigaciones, el destacamento policial de Arana y la Comisaría Quinta, en La Plata; el COT I de Martínez, en San Isidro; y el destacamento policial de Puesto Vasco, en Quilmes. Todos estos centros clandestinos operaron bajo la órbita de la Policía Bonaerense, en el denominado Circuito Camps, así llamado por el jefe de esa fuerza durante la represión, Ramón Camps.
"Nuestro alegato se va a fundar en la acreditación de la existencia de un sub circuito de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios, en algunos casos, o desaparición definitiva, en otros, que funcionaban en edificios oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires. Esa es la estructura principal de lo que tenemos probado, y que por allí pasaron las víctimas de este juicio, que fueron hechas rotar por estos centros sometidas a salvajes tormentos y condiciones infrahumanas de detención", detalló Schapiro.
Fernández agregó que otro eje será "la división de las funciones entre cada centro", porque "claramente, Brigada tenía el rol de ingreso y distribución de detenidos al sistema clandestino; Arana era un centro de extracción de información bajo tortura brutal y permanente de personas". Schapiro completó que "la Quinta era un lugar de depósito, pero con ciertas particularidades, porque se torturó a chicos, se abusó de chicos. En ese lugar las víctimas estaban a la espera de ser trasladadas o de su destino final."
–¿También ocurrió en COTI Martínez y Puesto Vasco?
Schapiro: –Ese es el otro sub circuito, que lo vamos a encarar con un sentido distinto, porque no era tanto un lugar al que llevaran militantes políticos, estudiantes o jóvenes. Ateniéndonos a lo que se ha demostrado en el juicio, se trataba de un lugar en donde la policía o los militares discernían internas o procuraban espurios intereses económicos. Pero mantiene la misma lógica. Martínez era el lugar de torturas y Puesto Vasco de depósito, aunque en este último también se torturaba. Ahí murió (el socio de David Graiver) Jorge Rubinstein, producto de la tortura, y Lidia Papaleo denunció que fue atada en una cama y torturada en ese centro. Martínez fue un lugar de torturas aberrantes y, al igual que lo que pasa con Arana, faltan las palabras para poder expresar todo lo que se vivió ahí adentro.
–¿Cuáles eran esas internas que se dirimían?
S: –La hipótesis que existe es que lo que se discernía era entre un sector llamado "grupo La Plata", que postulaba al gobernador de Facto Ibérico Saint Jean para la sucesión de Videla en la presidencia, frente a Roberto Viola, que era quien Videla había elegido. Este grupo era, digamos, el ala dura. Entonces, el secuestro y las torturas del gabinete de (el ex gobernador Victorio) Calabró tuvieron el sentido de mostrar la fortaleza del grupo y, aparentemente, había conexiones entre ese gobernador y Viola.
Fernández: –Esa fue su forma de realizar una investigación para encontrar elementos probatorios en contra de Calabró. Buscaban "chanchullos" para pegarle al ex gobernador que estaba protegido en la Capital Federal por Viola.
–¿Y los intereses económicos?
S: –Ahí entra el caso Graiver. Ahí hay una búsqueda evidente de quedarse con la plata. Y lo que dijimos en el dictamen de Papel Prensa: la intención de sacarlos de circuito, de correrlos. Pero pensamos que tenían la intensión de quedarse con su dinero, porque tenían mucho, y además estaba la idea en los victimarios de que ellos tenían la plata de los Montoneros. Y querían quedársela. En realidad, Papel Prensa ya se la habían quitado, ya había sido transferida a Fapel y, de ahí, a Clarín y La Nación.
–¿No hay continuidad?
S.: –Hay una continuidad en la persecución que tiene motivaciones políticas, religiosas y, sobre todo, económicas. Esa persecución es la continuidad que se termina concretando en el crimen, la tortura, la desaparición forzada. Para nosotros la persecución había comenzado mucho antes. Prima facie, porque fue lo que dijimos en el dictamen de Papel Prensa, en el contexto de una persecución que ya se había iniciado contra el grupo, compulsivamente los hacen entregar las acciones de Papel Prensa. Pero después la persecución continúa, se concreta en los secuestros y las torturas que tenían el sentido de sacar de circulación a los Graiver; probablemente, intentar quitarles el dinero y todo con un contenido antisemita muy importante.
–-En el caso del secuestro de Jacobo Timerman, director del diario La Opinión, ¿qué quedó probado?
S.: –Según denunciaron sus hijos (Javier y el canciller Héctor Timerman), los victimarios tenían la idea de que Timerman representaba a la sinarquía internacional, que quería quedarse con el país. También se les quiso quitar el diario. Lo llamativo es que tanto en los casos de los ministros, en el de Timerman y en el de los Graiver, estuvieron dedicados grupos especiales de la policía, que los integraban gente de confianza de (el imputado Miguel) Etchecolatz. Evidentemente, había especial interés de altas esferas, porque actuaba gente de confianza del director de Investigaciones de la policía, que tenía llegada directa a Camps.
–Con el debate ya en su etapa final, ¿qué evaluación hacen?
F.: –Creo que es un proceso histórico. Creo que hay un antes y un después de este juicio en la provincia. En cuanto a dimensiones, importancia, cantidad de hechos que trata, es uno de los juicios más importantes que se ha hecho en el país desde 2003.
S.: –Es particularmente importante para La Plata, una de las ciudades más castigadas por la dictadura. Este juicio permite visibilizar el funcionamiento de lo que fue la Policía de la Provincia inserta en el circuito represivo general instalado por la dictadura. Este es un juicio que no toca todo el circuito, sino una parte, pero me parece que los hechos que se juzgaron demuestran la magnitud que tenía, y lo inconmensurable de los hechos que se produjeron. Revela también el carácter fríamente planificado de la represión.
F.: –La ferocidad del Circuito Camps es algo inédito en el resto del país.
Por: Pablo Roesler
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