jueves, 20 de diciembre de 2012

Camps: 16 perpetuas y avance sobre la complicidad judicial

Además de condenar a los represores, el Tribunal ordenó detener a un ex Fiscal de Estado, pidió investigar al vicario castrense, y denunció por presiones al diario La Nación. 

Las condenas a prisión perpetua de 16 de los 23 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el denominado Circuito Camps que operó con varios centro clandestinos de detención en La Plata y la región, entre ellos al ex comisario Miguel Etchecolatz, y a quien fuera el ministro de Gobierno del último gobierno dictatorial en la provincia de Buenos Aires, Jaime Smart, constituyen el dato de coyuntura más importante de la sentencia leída este miércoles por el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1. Pero sobre ese fallo se basan otras consideraciones tan (o más, por novedosas) importantes de cara al futuro de este tipo de procesos. Los jueces Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela, emitieron un contundente mensaje sobre la presunta complicidad de la Justicia, la Iglesia y la prensa.

En el primer caso, al pedir que se investigue la complicidad de funcionarios judiciales provinciales y federales, ordenaron la detención de quien fuera el Fiscal de Estado bonaerense, Alberto Rodríguez Varela, quien se habría entrevistado con integrantes de la familia Graiver durante su secuestro en el Centro de Detención Clandestina de Puesto Vasco, en una acción presuntamente vinculada con el traspaso de la empresa Papel Prensa. Esa decisión, sumada a la de remitir los testimonios a la causa que investiga la presunta apropiación de la compañía, constituyen uno de los datos más relevantes y novedosos surgidos del juicio.

El mensaje de los jueces es también para la Iglesia, cuando solicitaron, en uno de los puntos de su sentencia, la investigación del rol jugado durante la dictadura por el vicario castrense, Emilio Grasselli, así como a miembros del Seminario Mayor de La Plata.

El otro sector corporativo destinatario del mensaje del Tribunal es la prensa, a través del diario La Nación. Los jueces remitirán a la Comisión Nacional de Independencia Judicial y a la Comisión Interpoderes, copias de dos editoriales de ese matutino, publicadas en las últimas semanas, por considerar que las mismas constituyeron un intento de presión sobre los jueces, a la vez que fueron utilizadas en envíos anónimos para amenazarlos.

Existe otro mensaje, de valor simbólico y concreto relevante que aporta un nuevo elemento a los juicios por crímenes de lesa humanidad: se recomienda a todos los jueces que lleven adelante este tipo de juicios, que consideren los delitos sexuales sufridas por las víctimas en el marco que se dieron.

También se instó al gobierno provincial a desafectar de su función en la policía a los lugares donde funcionaron Centros Clandestinos de Detención, como el Destacamento de Arana y la Comisaría Quinta, Puesto Vasco, el COT I Martínez y la Brigada de San Justo, y que los dos primeros sean convertidos en sitios de memoria.

Como en el juicio que se le realizara a Etchecolatz en 2006, el Tribunal que encabeza Rozanski enmarcó los crímenes cometidos por los 23 imputados en la figura de “delito internacional de genocidio”. Y por la magnitud de los hechos por los cuales fueron condenados, ordenó la detención de los acusados que gozaban de prisión domiciliaria.

La lectura de la sentencia tuvo su momento de tensión cuando Etchecolatz, en el momento de la lectura de su segunda condena a perpetua, se paró desafiante y sacó para mostrar al tribunal y al público una pancarta con la leyenda "El juicio y castigo ya llega a la Justicia Corrupta", y "162 policías muertos, justicia dónde estás?". Tras la inmediata reacción de la sala, el juez ordenó que el imputado sea sacado de la sala.

Con esta sentencia, después 36 años, se hace justicia con hechos tan emblemáticos ocurridos durante la dictadura como la Noche de los Lápices; el ataque a la casa de la calle 30 entre 55 y 56, donde asesinados cinco militantes y secuestrada Clara Anahí Mariani; o la persecusión a la familia Graiver, en el marco de la presunto traspaso compulsivo de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

El clima previo. La jornada de la sentencia se vivió desde temprano en la zona del Tribunal. En la esquina de 53 se realizó una suerte de feria con puestos instalados de distintos organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas. Stands en los que cada una de ellas realizó muestras o repartió panfletos y afiches. Estaban allí los militantes de La Campora y otras agrupaciones afines al kirchnerismo, quienes forman parte de la Mesa Nacional de Juicio y Castigo, en la que además confluyen la agrupación HIJOs, y el Movimiento Evita. Había también puestos de la CTA y Adulp.

En esa esquina se levantó además la pantalla desde donde los asistentes que optaron por no entrar a la sala de audiencia o no pudieron hacerlo, siguieron la transmisión en vivo. Durante toda la tarde, hasta el inicio de la audiencia, allí hubo música.

A cien metros, en la esquina del Correo Argentino de 4 y 51, la concentración, bastante menor, correspondió a las fuerzas de izquierda, afines la mayoría a la corriente ideológica de la conducción de la FULP. Banderas del Frente Darío Santillán, el Partido Obrero, y de las agrupaciones cercanas a las Copa y la Cepa, flamearon toda la tarde.

Entre ambas esquinas, desde las 16 se vivió un ritmo frenético con camarógrafos, periodistas, querellantes, abogados, y militantes que pugnaron por ingresar. Lo lograron alrededor de las 17, una hora antes de la hora pautada para el inicio de la lectura.

Durante la espera, la planta baja de la sala de audiencias se convirtió en un desfile de personalidades vinculadas con las lucha por el esclarecimiento de laos crímenes cometidos por la dictadura. El sobreviviente de la Noche de los Lápices, Pablo Díaz, fue uno de los primeros en llegar. El ex militante de la UES es querellante, y los secuestros ocurridos en septiembre de 1976 en La Plata, parte sustancial de los juicios.

Cuando la sala estaba a punto de colmarse, llegó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la otra sobreviviente de la Noche de los Lápices, Emilce Moler. También las madres de Plaza Mayo, Adelina de Alaye, Nora Cortiñas. También se sumaron Rosa Bru, Laura Comte, Adelina de Alaye, el ex fiscal Hugo Cañón y Marta Vedio.

A las 18.15 entraron Chicha Mariani y Elsa Pavón, en medio de una ovación para la fundadora de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Minutos antes lo había hecho el canciller Héctor Tímerman, quien declarara en este juicio como testigo, por el secuestro que sufriera su padre Jacobo, cuando era director del diario La Opinión. Con él entró el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresnedas. Casi en el mismo momento llegó el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Guido Carlotto.

En el momento en que comenzó la lectura la sala estaba colmada. En las filas posteriores se acomodaron muchos familiares de desaparecidos que portaban las fotos de las víctimas, así como testigos, muchos de ellos sobrevivientes de cautiverio clandestino.

Esposados, y da uno en fila, fueron entrando los imputados. Quince de ellos ocuparon las sillas dispuestas en el corralito. No hubo silbidos, sólo un silencio indiferente. Las autoridades tuvieron que agregar dos sillas, una de ellas para Miguel Etchecolatz, quien ingresó último, antes de que lo hicieran los que usan sillas de rueda.

Smart se acomodó en su silla de abogado. El único civil del lote estuvo, como durante todo el juicio, alejado del resto de los procesados. El médico Jorge Bergés y fue quien recibió gritos en contra, por ser el último en ingresar.

La lectura. La sentencia se siguió con atención, y sólo fue interrumpida cuando Etchecolatz lanzó su provocación. La sala, colmada en sus dos plantas, aplaudió y gritó con las 16 prisiones perpetuas, y festejó aún más con los inesperados planteos de los jueces respecto a las complicidades de la justicia y la Iglesia, y la denuncia contra el diario La Nación.

Cuando llegó el final todo fue celebración, mientras los represores, otra vez esposados, eran retirados del corralito que habitaron desde el 12 de septiembre de 2011, cuando este megajuicio comenzara. El "a dóne vayan los iremos a buscar", tronó en el recinto, y los gritos se prolongaron hacia la calle, donde se juntaron con los de los militantes que siguieron las alternativas desde la enorme pantalla.


Los 23 condenados

Jaime Smart, prisión perpetua. Su condena era una de las más esperadas por tratarse del primer funcionario civil de la provincia de Buenos Aires sometido a proceso por crímenes de lesa humanidad. Por su rol le correspondía la organización, dirección y régimen policial. Su sentencia puede engrosarse si en un futuro se le suman los homicidios pedido por la abogada Guadalupe Godoy y que el Tribunal aceptó considerar. Es el tercer civil condenado en Argentina por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el proceso. El precedente se encuentra el 16 de marzo de 2012, cuando la Justicia condenó a los hermanos Emilio Felipe Méndez (15 años de prisión) y a Julio Méndez (11 años de prisión) por el secuestro y homicidio de Carlos Alberto Moreno, quien era el abogado de AOMA y representante de empleados de la Fábrica de cemento Loma Negra en la Ciudad de Olavarría. En ese juicio también fueron condenados tres militares.

Rodolfo Campos, prisión perpetua. Ex Coronel del Ejército, fue el sub Jefe de la Policía Provincia Buenos Aires y segundo de Ramón Camps. Le imputaron 21 homicidios.

Miguel Osvaldo Etchecolatz, prisión perpetua. Subcomisario a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la Policía bonaerense. Tenía ingerencia en las comisarías y destacamentos, ya que su poder de mando iba más allá de su propia Dirección de investigaciones y decidía sobre el destino de las víctimas. Le imputaron 15 homicidios.

Horacio Luján, prisión perpetua. Era el jefe de la Unidad Regional de La Plata y tenía a cargo a todos los detenidos en las comisarías de la ciudad. Se lo acusó por los desaparecidos y torturados en esas seccionales, y se le imputaron nueve homicidio.

Miguel Kearney, prisión perpetua. Subcomisario de Seguridad en la Brigada de Investigaciones de La Plata y estuvo a cargo del Destacamento de Arana. Se le imputan ocho homicidios.

Bernabé Corrales, prisión perpetua. Segundo Jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Tenía alto poder decisorio en los CCD. Hizo un aporte directo e indispensable en el cautiverio y tormentos de las víctimas. Se le imputaron 7 homicidios.

Fernando Svedas, prisión perpetua. Comisario de seguridad y segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Tuvo contacto con detenidos clandestinos “retenidos”, según él denominó al Grupo de los 7. Le imputaron ocho homicidios.

Raúl Machuca, prisión perpetua. Oficial subinspector segundo en la Brigada de Investigaciones de La Plata. Era integrante de la “patota” para secuestros y torturas. Participó del operativo de secuestro de Daniel Favero y Paula Alvarez. Le imputan 8 homicidios.

Julio César Argüello, prisión perpetua. Cabo y chofer en la Brigada de Investigaciones de La Plata. Le imputan 22 homicidios, muchos de ellos vinculados con la Noche de los Lápices.

Mario Víctor Sita, prisión perpetua. Sargento primero en la Brigada de Investigaciones de La. Formaba parte de la “patota” que realzaba los operativos. Le imputaron 5 homicidios.

Hugo Alberto Guallama, prisión perpetua. Chofer de Etchecolatz, y señalado como uno de los que pudo haber retirado a Clara Anahí de la casa de calle 30 luego del ataque del 24 de noviembre de 1976. Le imputaron los cuatro homicidios registrados ese día en ese lugar-

Norberto Cozzani, prisión perpetua. Agente y cabo de la de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A los 23 años fue mano derecha de Etchecoltaz, de quien era su custodio. Está acusado de participar en todos los centros clandestinos del Circuito Camps y de perseguir y torturar a la familia Graiver, de haber participado en el ataque a la casa de calle 30 Mariani Teruggi. En indagatoria dijo haber visto como picaneaban a Lidia Papaleo. Le imputaron los cuatro homicidios de la casa de la calle 30.

Vicente Patrault, prisión perpetua. Oficial Principal Seguridad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Tenía acceso a los calabozos y atendía a los detenidos. Le imputan 20 homicidios.

Carlos García, prisión perpetua. Oficial Principal Seguridad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y luego Subcomisario y Jefe del Comando radioeléctrico (1978). Revistaba bajo las órdenes del comisario Juan Fiorillo en la Unidad Regional. Se lo indica como uno de los que retiró de la casa de calle 30 a Clara Anahí. Le imputaron cuatro homicidios.

Roberto Grillo, prisión perpetua. Oficial de la Brigada de Investigaciones de La Plata y en Arana. Fue quien dijo que por la quema de cadáveres en Arana se “había vuelto vegetariano”. Le imputaron 9 homicidios.

Domingo Almada, prisión perpetua. Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la comisaría Quinta. Le imputaron 22 homicidios

Eros Amílcal Tarela, 25 años. Oficial Principal de la. Está acusado de ser jefe de una de las “patotas” que actuaron en Puesto Vasco. Era básicamente el torturador. El tribunal pidió que se investigue, como producto de los testimonios surgidos en el debate, si no fue autor de homicidios.

Roberto Cabrera, 18 años. Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Está acusado formar parte de la “patota” para realizar secuestros y de tomar las declaraciones durante las torturas en Puesto Vasco.

Jorge Antonio Bergés, 25 años. Médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Está acusado de atender los partos en centros clandestinos y de participar de las tortura a detenidos, utilizaba sus conocimientos médicos a la hora de torturar, determinaba si se podía continuar o no para evitar la muerte. Y Tuvo un rol trascendental en la apropiación de niños.

Sergio Verduri, 15 años. Oficial Inspector. Está acusado de tomar las declaraciones después de la tortura en Puesto Vasco.

Daniel Lencinas, 14 años. Oficial Ayudante en la Brigada de Investigaciones de La Plata, cumplió funciones en la Brigada de Investigaciones y Arana. Reconoció que existía un “área restringida” y que se hacían interrogatorios bajo tortura.

Pedro Ferriole, 11 años. Jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Se lo acusó por ser co autor material de Privación ilegal de libertad y tormentos en 7 hechos, pero ahora se investigará si fue autor de homicidios.

Santiago Antonini, 2 años. Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Está acusado del allanamiento y privación ilegal de la libertad de Chicha Mariani en su casa, en la búsqueda de Daniel Mariani.

Por Pablo Spinelli  -  @spinellipa

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