martes, 4 de junio de 2013

Penas leves en el caso de los Iaccarino

Condenaron a 3 y 4 años a los acusados, diez menos que lo pedido
Los hermanos que fueron secuestrados y despojados de sus bienes durante la dictadura lamentaron la decisión del tribunal, pero destacaron que el proceso permitirá avanzar sobre la responsabilidad civil en el terrorismo de Estado.
El fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata condenó la comisión de “delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio”.

Por Gustavo Veiga


Los hermanos Iaccarino no quedaron conformes con lo exiguo de las penas dictadas ayer por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata contra dos represores, pero rescataron lo que proyecta a futuro la decisión de los jueces: la puerta que se abre para avanzar sobre la responsabilidad civil durante la última dictadura. El fallo del TOF 1, con la disidencia de su presidente, Carlos Rozanski, condenó a los ex policías bonaerenses Jorge Rómulo Ferranti y Bruno Trevisán a cuatro y tres años de prisión, respectivamente, por “vejaciones y severidades” contra los empresarios durante su cautiverio en el centro clandestino de detención El Infierno de Avellaneda, en 1977. “No salió como nosotros esperábamos, pero al menos terminamos toda una etapa en la que hubo dos condenados”, le dijo Carlos Iaccarino, el menor de los hermanos.

Los acusados fueron condenados por “delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio cometido durante la dictadura cívico-militar”, según el veredicto que se leyó por la tarde en la última audiencia del juicio oral y público que se instruyó desde el 15 de mayo. Pero podrían quedar libres en los próximos días si se considera que estuvieron bajo el régimen de prisión domiciliaria. Los fundamentos del fallo recién se conocerán el lunes 10 y permitirán determinar por qué Rozanski no adhirió a la decisión compartida por sus restantes conjueces, Pablo Vega y Pablo Jantus.

Los hermanos Iaccarino documentaron con paciencia metódica y una memoria prodigiosa cada uno de los vejámenes que sufrieron durante la dictadura cívico-militar. La historia del despojo de sus bienes sólo puede comprenderse en plenitud por ese marco jurídico que la procuradora Alejandra Gils Carbó denominó “normalidad fraguada”: una serie de operaciones ilegales, pero convalidadas mediante la intervención de organismos como la Comisión Nacional de Valores (CNV). Ellos escribieron una cronología de los hechos que condensa cuarenta años de lucha por sus derechos. Fecha por fecha, expediente por expediente, detención por detención.

Como si fuera una burla del destino, el apogeo del grupo económico-productivo de la familia coincidió con los preparativos del golpe de Estado que se avecinaba. Lo demuestra un relevamiento de algunos emprendimientos que tenían Rodolfo Genaro Iaccarino y sus hijos, Rodolfo, Alejandro y Carlos. A fines de 1972, poseían cinco empresas: una constructora, una de iluminación, otra de asesoría y dos puestos de abaratamiento. El crecimiento sostenido los llevó a adquirir 25 mil hectáreas de una producción agropecuaria en el departamento Alberdi, de Santiago del Estero, el 8 de noviembre de 1974. Al año siguiente, en mayo, se hicieron de un flamante avión privado Rockwell –Aero Commander Shrike 500–. Todo marchaba como imaginaban.

Después de cerrar el primer balance de su Industria Láctea Santiagueña (ILSA), el 31 de diciembre de 1975, comenzó la persecución contra los Iaccarino. El ex policía Antonio Musa Azar, condenado por violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero, pidió informes de inteligencia a la Dirección de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba) sobre el directorio de la empresa. No lo hizo sobre sus doce integrantes, sino apenas sobre cinco: la familia Iaccarino completa.

El 24 de marzo del ’76, por orden de la intervención militar en Santiago, detuvieron el avión privado de los empresarios. El 12 de abril, el Banco Provincia de Buenos Aires les pasó “todos los créditos con vencimientos escalonados a descubierto en cuenta corriente”, según se puede leer en ese cuaderno de bitácora que escribieron los hermanos. Allí cuentan: “Debimos malvender propiedades, vehículos y recurrir a gente conocida, pues ya estábamos en la lista negra en todos lados”. Uno de esos bienes fue un campo de 350 hectáreas en Las Tahonas, a 60 kilómetros de La Plata.

La inteligencia santiagueña de Musa Azar les seguía los pasos de cerca. El 4 de noviembre del ’76, la familia fue detenida en dos operativos simultáneos en aquella provincia y Buenos Aires. Ya tenían armada una causa en su contra por una escrituración realizada el 8 de noviembre de 1974. El represor Musa Azar y sus secuaces se encargaban de esos trámites apócrifos, “donde los detenidos reconocían delitos de subversión”. Todo esto ocurría mientras la propia Dipba le informaba al Estado Mayor del Ejército que los Iaccarino no tenían antecedentes.

La cronología continúa del 4 al 16 de noviembre del ’76: “Estuvimos secuestrados, sufriendo tormentos, faltos de higiene, poca comida que traían de otra dirección; siempre mirando la pared, uno a tres metros de distancia del otro, sin hablar. El CCD era la Brigada de Investigaciones de la policía de la provincia de Santiago del Estero, ubicada en la calle Avellaneda 440”. El 16 liberaron al jefe de la familia, que estaba muy mal de salud. Sus hijos secuestrados en Santiago del Estero, Rodolfo y Carlos, fueron esposados y subidos a un avión que los llevaría a Buenos Aires. A partir de ese momento empezó un calvario para los Iaccarino, que se prolongó veintidós meses, con catorce traslados y el paso por nueve centros clandestinos de detención diferentes.

El 13 de enero del ’77 quedaron a disposición del PEN. Según palabras del juez de la Cámara Federal platense Leopoldo Schiffrin, que los hermanos citan en su informe, “acá se da un caso singular que hasta ahora no había visto, y es que una persona detenida a disposición del Poder Ejecutivo estuviera en Coti Martínez, o tal vez en la Brigada de Lanús y que fuera tratado como un desaparecido”.

Entre febrero y marzo del ’77, Rodolfo y Carlos pasaron a estar bajo prisión domiciliaria y Alejandro continuó detenido en garantía con el solo objetivo de fraguar la venta del avión privado. Como no se pudo concretar la operación, los hermanos se reencontraron otra vez en la cárcel. Mientras tanto, Dora Emma Venturino, la madre, interponía hábeas corpus. El 1º de agosto de 1977, el juez federal de La Plata, Leopoldo Russo, un cómplice de la dictadura ya fallecido, lo rechazó.

Los hermanos cuentan en su detallado relato: “Nos sacaron en 40 días dos veces para bañarnos (con agua fría y sin puerta en pleno invierno) y la comida era casi nula. Bajamos entre 20 y 25 kilos. Eran permanentes los gritos, se escuchaba la radio a todo volumen y los clamores de los torturados. El 6 de junio a la nochecita, como siempre, decían: ‘A éste sí; no, mejor a aquél’. Saracho se llevó a Alejandro a la sala de torturas. Lo sentimos gritar fuerte como a los demás, lo trajeron después de un par de horas dos personas de los hombros y lo recibimos nosotros. Era una bolsa de papas...”.

El genocida Ramón Camps informaba que el 30 de mayo del ’77 los hermanos habían ingresado a la Brigada de Investigaciones de Lanús. En realidad, llegaban a El Infierno, como se conoció a una comisaría de Avellaneda donde los desapoderaron de todos sus bienes. Lo demás es conocido. La historia de los Iaccarino, que se ventiló en el juicio que terminó con condenas para los ex policías Trevisán y Ferranti, es la historia de quienes sobrevivieron para hablar de la rapiña que sufrieron. Es, también, la historia de una reparación que esperan desde 1976.
“No tuvieron en cuenta las torturas”
Por Gustavo Veiga

La abogada de los empresarios, Florencia Arieto, cuestionó los montos de las penas a que fueron condenados los ex policías Ferranti y Trevisán, porque “los jueces no tuvieron en cuenta las torturas y el secuestro de los hermanos Iaccarino mientras estuvieron detenidos en el COT 1 de Martínez, donde les hicieron la tarea de ablande para despojarlos de sus bienes”. Según la interpretación de la querella, “debió observarse el derecho penal, pero en el marco de un genocidio y no como hicieron los conjueces del doctor Rozanski, que se centraron en la cuestión objetiva del hecho jurídico”. Pese a las críticas que Arieto le hizo al fallo, rescató que “hubo condenas, se comprobó que a los Iaccarino los despojaron de sus bienes, o sea que el delito existió, pero en una escala de menor responsabilidad para el Tribunal”.

La abogada también consideró, como sus patrocinados, que “la causa deja abierta la responsabilidad de la pata civil, porque a estos empresarios se les robaron sus bienes mediante una arquitectura jurídica muy fina, viciada de ilegalidad. Hasta se usó a un juez federal, Leopoldo Russo, para avalar todo el despojo”. Los ex policías Ferranti y Trevisán están imputados, aunque no procesados, en la causa del centro clandestino de detención El Infierno. Podrían recuperar de inmediato la libertad en este juicio, pero el fallo del TOF N° 1 los dejó, en perspectiva, en una situación comprometida para el futuro.
Fuente: Pagina 12

miércoles, 29 de mayo de 2013

Justicia Ya La Plata : Presentación Habeas Corpues colectivo

Integrantes de Justicia Ya La Plata! nos vemos en la obligación de hacer una nueva presentación, esta vez colectiva,  en los Tribunales Federales de la ciudad de La Plata.

Esta iniciativa se debe a la falta de respuesta de la justicia a los miles y miles de recursos de habeas corpus interpuestos a favor de nuestros familiares y compañeros detenidos-desaparecidos y sus hijos nacidos en cautiverio y apropiados, presentados durante la última dictadura cívico-militar, y el período inmediato anterior a ella.

A más de tres décadas del genocidio, nunca fueron respondidos los nombrados recursos presentados oportunamente; y la enorme mayoría de los familiares y compañeros, desconocemos dónde están nuestr@s desaparecid@s y qué sucedió con ell@s.
 
El Estado tiene la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias, de esclarecer el destino de cada uno de los desaparecidos y de responder por ellos, haciendo Justicia y castigando a todos los culpables del genocidio perpetrado en nuestro país.

La existencia de procesos judiciales en trámite, en los cuales estuviera determinada la responsabilidad penal de represores genocidas en relación al secuestro y desaparición forzada de las personas aquí reclamadas, no obsta la interposición de los presentes habeas corpus, ya que esta garantía constitucional es un recurso rápido y eficaz que contemplan los tratados internacionales específicos, a fin de garantizar el derecho a la libertad e integridad de todas las personas.
La convocatoria es para el jueves 30 de Mayo, a las 11:00 hs.  en planta baja de los Tribunales (8 e/50 y 51)

Apertura de los Archivos de la Dictadura Ya!
30000 Compañeros Detenidos Desaparecidos Presentes!!!

                                              La Plata, 29 de mayo de 2013

Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada.; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega;Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); HIJOS La Plata; Unión por los Derechos Humanos,
 
Teléfonos de contacto:
Nilda Eloy (AEDD): (0221) 15-586-5035

martes, 28 de mayo de 2013

JUSTICIA YA! La Plata, ante la captura del genocida Juan Miguel Wolk, Jefe del Pozo de Banfield

 Juan Miguel Wolk. Fue Comisario Inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por lo menos entre 1976 y 1979 actuó en prácticamente todas las divisiones policiales que funcionaron con sede en el edificio del “Pozo de Banfield”: Jefe de la División Delitos contra la Propiedad, Director de la Dirección de Investigaciones y de la la Dirección de Seguridad, Zona Metropolitana. Fue además Subdirector y Jefe de Plana Mayor de la Dirección General de Investigaciones y pasó brevemente por la Unidad Regional de Tigre.

  Este genocida es responsable por las hechos ocurridos a 292 víctimas entre las cuales 116 se encuentran desaparecidas, 137 fueron liberadas, 14 fueron asesinadas y 16 se desconoce su destino y de 9 niños nacidos en cautiverio. Además de esas víctimas identificadas con nombre y apellido, se agregan los datos incompletos de 60 víctimas y los nombres completos de 24 mujeres que estuvieron embarazadas en el Pozo o parieron allí, siendo una de ellas, nuestra compañera Adriana Calvo fallecida en diciembre del 2010. De esas 24 mujeres, 17 tuvieron a su bebé y todavía 8 continúan desaparecidos.

Gracias a la impunidad y a los nulos controles por parte de la justicia a las prisiones domiciliarias, un año atrás el genocida Wolk se fugó de su domicilio, donde cumplía arresto en la ciudad de Mar del Plata, Tras mantenerse un año prófugo hace unos días fue capturado por la Gendarmería y traslado a Marcos Paz.

Este caso demuestra una vez más la impunidad con la que se mueven los genocidas, Wolk fue “recapturado” en Mar del Plata, la misma ciudad donde estuvo prófugo durante un año, no solo esto, sino que fue “encontrado” en la casa de su hermano. No debemos olvidar, que ya existía la complicidad por parte de su familia: su hija, María Luján Wolk, policía, terminó procesada por el delito de “favorecimiento de la evasión y encubrimiento” de la prisión de su padre. Esta escandalosa situación sólo puede ser explicada entendiendo la impunidad y la complicidad de la justicia y de las fuerzas represivas. ¿A nadie se le ocurrió investigar a la familia? ¿Hacer allanamientos en los domicilios de los parientes? ¿Intervenir los teléfonos? ¿Investigar las relaciones que mantiene con los demás genocidas?

Desde los organismos de DDHH, hemos denunciado reiteradas veces que los genocidas no deben estar en prisión domiciliaria sino en cárceles comunes y que la inteligencia debe estar destinada a controlar sus movimientos y no los de los compañeros que luchan contra la impunidad de ayer y de hoy.

 EXIGIMOS CARCEL COMUN Y EFECTIVA  A TODOS LOS GENOCIDAS
JUICIO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS
30000 compañeros detenidos desaparecidos PRESENTES!!

La Plata, 25 de mayo de 2013
JUSTICIA YA LA PLATA

 Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada.; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega;Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); HIJOS La Plata; Unión por los Derechos Humanos,

 Teléfonos de contacto:
Nilda Eloy (AEDD): (0221) 15-586-5035
María Laura Bretal (Unión por los Derechos Humanos): (0221) 15 558 0751

jueves, 21 de marzo de 2013

COMUNICADO de JUSTICIA YA! La Plata

Lectura de los Fundamentos en el Juicio “Circuito Camps”

LAS COSAS POR SU NOMBRE: GENOCIDIO

El próximo 25 de Marzo a las 12hs, el Tribunal Oral Federal Nº1 se entregarán los fundamentos de la sentencia del llamado juicio “Circuito Camps”. Para quienes pasaron por los centros clandestinos de detención (CCD) de la última dictadura, poca duda puede haber de lo que allí se consumó fue un genocidio. El secuestro, la tortura, las violaciones, el asesinato, la desaparición, el robo de los hijos configuran el horror mismo. Dejar a un puñado de sobrevivientes, de aquellos que transitaron la muerte en los campos de exterminio, tenía una finalidad precisa: aterrorizar, inocular el terror en nuestro pueblo, rompiendo los lazos solidarios que durante décadas se habían creado, permitiendo que la desconfianza fuera la que tejiera nuevos hilos. Vencer ese mandato de los perpetradores fue parte de la resistencia, pero también lo fue cumplir con otro mandato: el de aquellos que no pudieron salir de los campos, el de nuestros compañeros. Ser su voz se convirtió en un deber. Denunciar lo que había sucedido y señalar a cada uno de los responsables fue el compomiso asumido en estos más de treinta años.

Luchamos contra la impunidad consagrada en forma de ley. Logramos la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, llegamos al primer juicio desde la reapertura de las causas: el que sentó en el banquillo al ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz. En los alegatos de ese juicio, desde Justicia Ya!, reclamamos que se reconociera que en la Argentina se perpetró un genocidio. Antes de escuchar la sentencia, escuchamos las críticas de aquellos que decían que con nuestro reclamo poníamos en peligro los juicios, que las causas podían caerse, que había que contentarse con unos pocos juicios fragmentados que ocultaban la dimensión de la matanza, que había que jugar con las pocas cartas que el sistema arrojaba. Sabíamos que la dictadura había intentado “reorganizar” toda la estructura social, destruyendo parcialmente al grupo nacional argentino, no encontrábamos otro nombre para ello que GENOCIDIO.

Desde ese 2006 que logramos la condena a prisión perpetua a Etchecolatz, insistimos en cada tribunal que se reconociera y sancionara el proyecto genocida de la última dictadura. Después de estos seis años de lucha, en el juicio que se siguió contra 26 represores del circuito Camps (3 de los cuales murieron impunes durante el proceso judicial), escuchamos a las otras partes querellantes aunarse en el mismo reclamo. Y por fin escuchamos el 19 de Diciembre pasado al Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 1 de la Plata, presidido por el Dr. Carlos Rozanski, decir que las conductas de los 23 imputados, “al dirigirse inequívocamente al exterminio de un grupo nacional, importan la comisión del delito internacional de genocidio” y que por ello correspondía la condena por ese delito. La sentencia del día 19 de diciembre de 2012 fue un reconocimiento judicial de lo que es una verdad popular. Logramos que el TOF por primera vez condenara a un civil, el Ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Lamont Smart, que ordenara a los jueces de instrucción investigar los delitos sexuales en los CCD, el accionar de las jerarquías de la Iglesia católica y de la corporación judicial y el rol de los civiles, piezas imprescindibles para la construcción de décadas de impunidad en nuestro país. También que exhortara a los poderes ejecutivos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para que se desafecten las dependencias policiales que fueron CCDs y que sean destinados como sitios de memoria. Conseguimos que 16 genocidas fueran condenados a prisión perpetua, que l médico torturador Jorge Antonio Bergés fuera sentenciado a 25 años de cárcel y que se revocaran las domiciliarias de los represores. Que se ordene la investigación de represores que fueron ya denunciados en los Juzgados de instrucción. La sentencia significó una instancia de reconocimiento, de conquista y de puesta en evidencia de todo lo que falta por hacer. Los juicios no pueden estar en su etapa de cierre, como afirma el actual secretario de DDHH Martín Fresneda, sino todo lo contrario. Porque 44 condenas ( unos treinta condenados) en La Plata en 7 años de juicios no son el Circuito Camps, si consideramos que funcionaron al menos 30 CCD bajo la órbita de Camps; es decir 1 y 2 por CCD. Falta mucha justicia que construir y mucha impunidad que deconstruir: la apertura de los archivos de la dictadura, la restitución de la identidad de los hijos de nuestros compañeros y compañeras que fueron apropiados en los Centros Clandestinos de Detención. El lunes 25 de Marzo el TOF 1 deberá explicar por qué en el punto Cuarto, apartado 4, de su fallo del 19 de diciembre pasado extingue la acción penal sobre Etchecolatz sobre el caso de Clara Anahí Mariani-Teruggi.

Todos estos años de lucha llevaron a que consiguiéramos una condena ejemplar e histórica. El reconocimiento judicial del genocidio perpetrado en nuestro país nos reafirma en la lucha por conseguir la condena a todos los genocidas y en buscar la justicia por todos los compañeros/as detenidos- desaparecidos. Ése fue el compromiso de Julio López al declarar contra Etchecolatz. Ése fue el compromiso de Adriana Calvo desde que, con su testimonio, se escuchó por primera vez en los tribunales argentinos la voz de los sobrevivientes. Ése es nuestro compromiso.

Contactos de Prensa:
Nilda Eloy (AEDD) 0221-155865035
Cristina Gioglio (Union por los Deechos Humanos) 0221-155075471
Luciano Sivori (CEPRODH) 0221-154194746

JUSTICIA YA La Plata
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada.; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); HIJOS La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata, integrantes de Justicia YA! La Plata

martes, 29 de enero de 2013

El Destacamento de Arana sería convertido en sitio de memoria

Comenzaron las gestiones para convertirlo en un sitio de memoria Desafectaron el destacamento de Arana
La seccional policial en las afueras de La Plata funcionó como centro clandestino durante la dictadura. El gobierno bonaerense decidió su traslado, tras un pedido del tribunal que juzgó los crímenes en el denominado Circuito Camps.

Por: Pablo Roesler
El Destacamento de Arana era un lugar de tortura permanente, de día y de noche. Era un infierno: ponían música a todo volumen y las descargas eléctricas se escuchaban en la radio. A veces traían tanta gente que se repartían y hacían también submarino en una bañera del baño.”

La descripción que la ex detenida Cristina Gioglio hizo en el último juicio de La Plata resume el horror que cientos de personas vivieron en el centro clandestino de detención de Arana. Por esos relatos y por el pedido de las querellas, en la sentencia del juicio por el Circuito Camps el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 instó al Poder Ejecutivo Provincial a que convierta ese destacamento policial en un sitio de Memoria y, el 7 de enero pasado, la Dirección de Políticas Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos provincial hizo el pedido formal al Ministerio de Seguridad y Justicia, que esta semana tomó nota y ordenó comenzar la desafectación de la seccional ubicada en las afueras de La Plata.

En su sentencia del 19 de diciembre pasado, los jueces Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela instaron al Ejecutivo provincial "para que el 'Destacamento de Arana' y la 'Comisaría 5º de La Plata' que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar, sean destinados a sitios de 'La Memoria'". Esos pedidos habían sido realizados por las querellas y por el nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, Leonardo Fossati .

Tras ese pedido fue Derechos Humanos provincial quien tomó la posta. En una carta fechada el 7 de enero pidió al ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Blas Casal, "arbitrar los medios a su alcance para que autorice la desafectación" de ese ex centro clandestino ubicado en 640, entre 130 y 131, que todavía funciona como dependencia policial, la misma que tenía antes de que la Policía del coronel Ramón Camps y del comisario Miguel Etchecolatz, vieran en esa construcción alejada del centro platense el lugar ideal para convertirlo en un campo de detención, de torturas, homicidios y quema de cadáveres.

El miércoles pasado Casal tomó la decisión por la mañana. Fuentes de su cartera informaron a Tiempo Argentino que el ministro comunicó la decisión a la flamante Comisión de la Verdad Histórica del Ministerio de Justicia y Seguridad para que inicie los trabajos de "planeamiento para la desafectación y el traslado del destacamento".

"La desafectación es el primer paso para transformar el Pozo de Arana en un sitio de Memoria", explicó el director de Políticas Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos, Matías Moreno. "Es un paso más en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia iniciado en 2003, cuando el gobierno asumió las demandas históricas de los organismos de Derechos Humanos para transformarlos en política de Estado."

El desalojo de ese ex centro se ubica en ese camino. El Destacamento de Arana fue señalizado como centro clandestino de detención el 25 de marzo de 2009, cinco meses después de que las excavaciones que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó en el marco de la instrucción de la causa Nº11, que finalmente fue juzgada el año pasado por el TOF1 en el juicio por el Circuito Camps, descubrieran 10 mil fragmentos de restos óseos con signos de haber sido quemados con cubiertas de autos, unos 70 casquillos de distintos calibres, gran cantidad de balas y un paredón de fusilamiento con más de 200 impactos. Tras esos hallazgos, el Juzgado Penal Federal Nº 3 a cargo de Corazza solicitó al Ejecutivo el desalojo del destacamento, pero la provincia lo consideró inviable. La insistencia corrió por parte de los organismos de Derechos Humanos durante los años siguientes.

El destacamento policial de Arana Sección Cuatrerismo funcionó como centro clandestino entre mayo de 1976 y marzo de 1978. Una investigación realizada por la ex detenida desaparecida Adriana Calvo, cuyo testimonio en el juicio a Miguel Etchecolatz en 2006 fue incorporado en el juicio por el Circuito Camps por video debido a que la testigo falleció en 2010, logró identificar a 271 personas que permanecieron detenidas en Arana. De esas víctimas, 78 fueron asesinadas o desaparecidas, 117 liberadas y de otras 24 no se conoce su destino. Ese informe reveló también que allí nació un bebé cuyo destino se desconoce y que estuvieron secuestradas otras 51 personas de quienes no se sabe aún su identidad.

En mayo pasado, en el marco del proceso judicial, el TOF1 recorrió el centro clandestino junto a los sobrevivientes Walter Docters, Nilda Eloy, Nora Ungaro y María Cristina Gioglio. A ese campo, donde también estuvo secuestrado el testigo desaparecido Jorge Julio López, Docters lo definió como "el centro de exterminio más importante de la capital de la provincia" y un "símbolo de la represión". En el juicio declararon medio centenar de testigos por los hechos cometidos en Arana y de los 23 represores condenados, once recibieron castigo por su accionar en ese centro clandestino.

El reclamo de un nieto recuperado
En la sentencia en la que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 (TOF1) de La Plata condenó en diciembre pasado a 23 represores del Circuito Camps por los crímenes cometidos contra 280 víctimas en seis centros clandestinos de detención, también exhortó a la provincia de Buenos Aires a que "desafecte" los sitios donde funcionaron esos centros. El pedido había sido realizado en el juicio por un nieto recuperado.

En uno de los apartados de su veredicto, cuyos fundamentos serán leídos el 25 de marzo, los jueces resolvieron "exhortar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, a fin que se desafecten las dependencias policiales que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico-militar, especialmente el 'Destacamento de Arana', la 'Comisaría 5ª de La Plata', la 'Brigada de San Justo', 'Puesto Vasco' que funcionó en la Subcomisaría de Don Bosco y el 'COTI Martínez'". Y puntualmente lo instó a que en el destacamento de Arana y la Comisaría 5ª sean convertidos en sitios de memoria.

El pedido había sido realizado durante los alegatos por las querellas y por el nieto recuperado Leonardo Fossati, a quien le permitieron hablar desde el estrado luego del alegato de las Abuelas de Plaza de Mayo. El joven, quien recuperó su identidad en 2005 y que según se demostró en el debate nació en la cocina de la Comisaría 5ª, donde su madre desaparecida estaba en cautiverio, pidió a los jueces que ordenen a la Provincia la desafectación de esa seccional y la de Arana para convertirlos en "sitios de memoria que defiendan la Memoria, la Verdad y la Justicia".

"Señores jueces, les quiero pedir encarecidamente por estos ex centros clandestinos de detención que fueron la Comisaría 5ª y el Destacamento de Arana. Les solicito que insten al Poder Ejecutivo a que desafecte los mismos, teniendo en cuenta todos los hechos que allí sucedieron", dijo Fossati en la audiencia del 21 de noviembre pasado.

El primer paso fue dado. La comisaría donde nació continúa en la actualidad en funciones en pleno casco fundacional de la ciudad, en Diagonal 74, entre 23 y 24, a metros del seminario mayor de La Plata, sobre cuyos funcionarios los jueces también ordenaron iniciar una investigación por los vínculos que mantenían con ese centro.

Publicado por Colectivo Ex P. Pol. Sobrev. Rosario

miércoles, 16 de enero de 2013

Entrevista Guadalupe Godoy, Justicia Ya La Plata

“Nuestro rol es correr los límites”

Participó como abogada de las víctimas en el juicio por el circuito Camps. Analiza el reconocimiento que hizo el tribunal al rol de las querellas. Habla de las dificultades en la etapa de instrucción, a cargo del juez Arnaldo Corazza.

 Por Alejandra Dandan

El rol de las querellas de los organismos de derechos humanos fue replanteado durante el juicio oral por los crímenes del circuito Camps: el tribunal equiparó alguna de las funciones a las de la fiscalía y en la sentencia respondió a todos sus planteos. Guadalupe Godoy es una de las abogadas que desde el colectivo Justicia Ya! La Plata interviene como querellante desde los Juicios por la Verdad hasta ahora. “Había una idea de que nuestras demandas eran excesivas –dice–, pero en realidad se termina viendo que justamente el rol de las querellas es correr esos límites tradicionales que tienen los juicios.”

–¿Cómo evaluó el juicio?

–Fue un juicio que tomó gran parte del reclamo que como querellas hicimos desde el reinicio de las causas. La unificación de las causas, por ejemplo. No nos olvidemos de que veníamos de una instrucción dividida en distintos centros clandestinos donde hubo que pelear que algunos casos quedaran en La Plata y no romper la “unidad” del circuito Camps. Otro eje fue la masividad, porque en La Plata sólo habíamos tenido juicios contra un represor como (Miguel) Etchecolatz y (Christian) Von Wernich y por algunas víctimas. Esta vez, se pudo plasmar más la dimensión social del genocidio en La Plata y más allá de los casos emblemáticos, ver el ataque al movimiento estudiantil y obrero y cómo se definió en cada caso.

–Esos “ataques” y las particularidades fueron eje del alegato.

–Mostramos que el 58 por ciento de las víctimas de este tramo del circuito pertenecían a la Universidad de La Plata. Otra de las cosas que logramos es que los testimonios se tomaran en un orden cronológico de acuerdo con la fecha de secuestros, y eso permitió ver cómo se modificó el “enemigo” a destruir a lo largo de la dictadura.

–¿Que mostró?

–Que en el inicio del ’76 fue focalizado en el movimiento obrero de La Plata, en especial el sector industrial. El 24 de marzo se produjeron detenciones masivas en las fábricas. Después, se ve que se orienta la destrucción hacia el movimiento Montoneros y posteriormente al movimiento estudiantil. Todo el año ’77 se ve el ataque dirigido a los estudiantes en contacto con las organizaciones político revolucionarias y el ataque al Partido Comunista Marxista Leninista que era pequeño pero con uno de los núcleos más importantes en esta ciudad. Trabajamos la prueba documental que nos permitió hablar de genocidio, dijimos que no es una masacre indiscriminada, hubo una planificación y una forma de definir al enemigo a destruir.

–¿Qué desafíos presenta un megajuicio?

–Cuando ofrecimos la prueba ya teníamos el fallecimiento de Adriana Calvo, la desaparición de Julio López y por juicios anteriores, sobre todo Von Wernich y Unidad 9, sabíamos de la dificultad de muchos testigos para volver a declarar. Esto fue antes de que Casación dicte las últimas reglas. Nosotros habíamos pedido que pudieran usarse estos testimonios que ya habían sido dados, y fue la primera vez que un tribunal aceptó: el juicio arrancó con los testimonios de Adriana y Julio López.

–¿Cuales fueron otros? El rol de las querellas en este juicio fue singular porque los jueces equipararon en alguna ocasión el rol a la fiscalía.

–Un punto determinante fue el pedido de ampliación por homicidio en los casos donde se habían recuperado los cuerpos a través del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Eso reflejó el trabajo previo de las querellas porque hubo muchos casos en los que las negativas a ampliar las imputaciones habían estado en la instrucción. Se pudo superar ese escollo. La sentencia mostró en ese sentido un reconocimiento al rol de las acusaciones.

–¿Cambiaron las querellas, se profesionalizaron?

–Creo que se aceptó el rol. Había una idea de que nuestras demandas eran excesivas, pero en realidad se termina viendo que justamente el rol de las querellas es correr esos límites tradicionales que tienen los juicios. Creo que se empezó a ver el valor de esas disputas. O de no conformarnos con juicios simbólicos que no se plasmaran en prisiones efectivas.

–¿Cuáles son los puntos pendientes?

–En La Plata es el criterio de selectividad encubierta que aplican los jueces a la hora de procesar. A quiénes indagan y a quiénes procesan. Cuando la condena dice que se persiga penalmente a (ex fiscal Alberto) Rodríguez Varela, (el juez Arnaldo) Corazza dice: yo lo tengo imputado. Pero los jueces le dijeron justamente eso: usted lo tiene imputado desde 2007, pero no hizo nada. En ese sentido, el juicio mostró las deficiencias de la instrucción. El criterio jurídico es que los únicos que están llegando a juicio son los jefes de la cadena de mandos policial o ahora del 601, pero con una resistencia a resolver la situación de los que fueron subalternos en los centros clandestinos.

–¿Cuántos imputados tiene?

–En Comisaría V tuvimos una docena de acusados en este juicio y en 2004, cuando se abrió la causa, el fiscal Félix Crous imputó a todos los que revistaron, que son más de cien y lo mismo en Brigada y Pozo de Banfield. Salvo que sean reconocidos por algún sobreviviente o que se acredite la participación en hechos, no hay llamado a indagatoria. Otro eje pendiente es una mirada integral en la que surgen responsabilidades de empresas y complicidades. Se condenó sólo a Jaime Smart cuando son varios, entre ellos ministros, los que integraron el gobierno y tienen imputación desde 2007 sin resolver. Falta también el tema homicidios: parece insólito, pero nunca logramos que Corazza recepte cuáles son los identificados por el EAAF y amplíe los cargos.

–La sentencia hizo una mención a Julio López. ¿Fue un reconocimiento?

–López nombró a muchos policías con los cuales Corazza todavía no había hecho nada, ni los había llamado a indagatoria. Estaban citados como testigos en el juicio. Nos opusimos. El tribunal nos preguntó por qué y desde cuándo estaban imputados. Dijimos que desde el 2007. Le mandaron un oficio a Corazza. Corazza les dijo que no podían tomarles testimonial porque los tenía imputados. Mientras tanto, la fiscalía le hizo un planteo de denegación de justicia a Corazza por éste y otros temas. La Cámara le ordenó indagar a los policías a la brevedad. Los citó, los indagó y justo cuando nosotros alegamos, les dictó a tres la falta de mérito. En la resolución decía que López es un testigo y nada más; que debería haber testimoniado mucho antes o reconstruido las circunstancias para acreditar sus dichos y que no se lo puede soslayar porque muchas madres y abuelas sufrieron tanto o más y sí lo hicieron. Yo le dije al juez (Roberto) Falcone: ustedes me dicen que lleve a los testigos a la instrucción para dar testimonios completos, vamos a leerles un párrafo que muestra cuál es la voluntad de la instrucción para escuchar nuevos testimonios.

–¿Por eso la mención en la sentencia?

–La sentencia enumera los nombres de los policías denunciados por López, los manda a indagar y que se los investigue como un reconocimiento a la verdad del testimonio de López y un cierto reproche al juez.