martes, 4 de junio de 2013

Penas leves en el caso de los Iaccarino

Condenaron a 3 y 4 años a los acusados, diez menos que lo pedido
Los hermanos que fueron secuestrados y despojados de sus bienes durante la dictadura lamentaron la decisión del tribunal, pero destacaron que el proceso permitirá avanzar sobre la responsabilidad civil en el terrorismo de Estado.
El fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata condenó la comisión de “delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio”.

Por Gustavo Veiga


Los hermanos Iaccarino no quedaron conformes con lo exiguo de las penas dictadas ayer por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata contra dos represores, pero rescataron lo que proyecta a futuro la decisión de los jueces: la puerta que se abre para avanzar sobre la responsabilidad civil durante la última dictadura. El fallo del TOF 1, con la disidencia de su presidente, Carlos Rozanski, condenó a los ex policías bonaerenses Jorge Rómulo Ferranti y Bruno Trevisán a cuatro y tres años de prisión, respectivamente, por “vejaciones y severidades” contra los empresarios durante su cautiverio en el centro clandestino de detención El Infierno de Avellaneda, en 1977. “No salió como nosotros esperábamos, pero al menos terminamos toda una etapa en la que hubo dos condenados”, le dijo Carlos Iaccarino, el menor de los hermanos.

Los acusados fueron condenados por “delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio cometido durante la dictadura cívico-militar”, según el veredicto que se leyó por la tarde en la última audiencia del juicio oral y público que se instruyó desde el 15 de mayo. Pero podrían quedar libres en los próximos días si se considera que estuvieron bajo el régimen de prisión domiciliaria. Los fundamentos del fallo recién se conocerán el lunes 10 y permitirán determinar por qué Rozanski no adhirió a la decisión compartida por sus restantes conjueces, Pablo Vega y Pablo Jantus.

Los hermanos Iaccarino documentaron con paciencia metódica y una memoria prodigiosa cada uno de los vejámenes que sufrieron durante la dictadura cívico-militar. La historia del despojo de sus bienes sólo puede comprenderse en plenitud por ese marco jurídico que la procuradora Alejandra Gils Carbó denominó “normalidad fraguada”: una serie de operaciones ilegales, pero convalidadas mediante la intervención de organismos como la Comisión Nacional de Valores (CNV). Ellos escribieron una cronología de los hechos que condensa cuarenta años de lucha por sus derechos. Fecha por fecha, expediente por expediente, detención por detención.

Como si fuera una burla del destino, el apogeo del grupo económico-productivo de la familia coincidió con los preparativos del golpe de Estado que se avecinaba. Lo demuestra un relevamiento de algunos emprendimientos que tenían Rodolfo Genaro Iaccarino y sus hijos, Rodolfo, Alejandro y Carlos. A fines de 1972, poseían cinco empresas: una constructora, una de iluminación, otra de asesoría y dos puestos de abaratamiento. El crecimiento sostenido los llevó a adquirir 25 mil hectáreas de una producción agropecuaria en el departamento Alberdi, de Santiago del Estero, el 8 de noviembre de 1974. Al año siguiente, en mayo, se hicieron de un flamante avión privado Rockwell –Aero Commander Shrike 500–. Todo marchaba como imaginaban.

Después de cerrar el primer balance de su Industria Láctea Santiagueña (ILSA), el 31 de diciembre de 1975, comenzó la persecución contra los Iaccarino. El ex policía Antonio Musa Azar, condenado por violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero, pidió informes de inteligencia a la Dirección de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba) sobre el directorio de la empresa. No lo hizo sobre sus doce integrantes, sino apenas sobre cinco: la familia Iaccarino completa.

El 24 de marzo del ’76, por orden de la intervención militar en Santiago, detuvieron el avión privado de los empresarios. El 12 de abril, el Banco Provincia de Buenos Aires les pasó “todos los créditos con vencimientos escalonados a descubierto en cuenta corriente”, según se puede leer en ese cuaderno de bitácora que escribieron los hermanos. Allí cuentan: “Debimos malvender propiedades, vehículos y recurrir a gente conocida, pues ya estábamos en la lista negra en todos lados”. Uno de esos bienes fue un campo de 350 hectáreas en Las Tahonas, a 60 kilómetros de La Plata.

La inteligencia santiagueña de Musa Azar les seguía los pasos de cerca. El 4 de noviembre del ’76, la familia fue detenida en dos operativos simultáneos en aquella provincia y Buenos Aires. Ya tenían armada una causa en su contra por una escrituración realizada el 8 de noviembre de 1974. El represor Musa Azar y sus secuaces se encargaban de esos trámites apócrifos, “donde los detenidos reconocían delitos de subversión”. Todo esto ocurría mientras la propia Dipba le informaba al Estado Mayor del Ejército que los Iaccarino no tenían antecedentes.

La cronología continúa del 4 al 16 de noviembre del ’76: “Estuvimos secuestrados, sufriendo tormentos, faltos de higiene, poca comida que traían de otra dirección; siempre mirando la pared, uno a tres metros de distancia del otro, sin hablar. El CCD era la Brigada de Investigaciones de la policía de la provincia de Santiago del Estero, ubicada en la calle Avellaneda 440”. El 16 liberaron al jefe de la familia, que estaba muy mal de salud. Sus hijos secuestrados en Santiago del Estero, Rodolfo y Carlos, fueron esposados y subidos a un avión que los llevaría a Buenos Aires. A partir de ese momento empezó un calvario para los Iaccarino, que se prolongó veintidós meses, con catorce traslados y el paso por nueve centros clandestinos de detención diferentes.

El 13 de enero del ’77 quedaron a disposición del PEN. Según palabras del juez de la Cámara Federal platense Leopoldo Schiffrin, que los hermanos citan en su informe, “acá se da un caso singular que hasta ahora no había visto, y es que una persona detenida a disposición del Poder Ejecutivo estuviera en Coti Martínez, o tal vez en la Brigada de Lanús y que fuera tratado como un desaparecido”.

Entre febrero y marzo del ’77, Rodolfo y Carlos pasaron a estar bajo prisión domiciliaria y Alejandro continuó detenido en garantía con el solo objetivo de fraguar la venta del avión privado. Como no se pudo concretar la operación, los hermanos se reencontraron otra vez en la cárcel. Mientras tanto, Dora Emma Venturino, la madre, interponía hábeas corpus. El 1º de agosto de 1977, el juez federal de La Plata, Leopoldo Russo, un cómplice de la dictadura ya fallecido, lo rechazó.

Los hermanos cuentan en su detallado relato: “Nos sacaron en 40 días dos veces para bañarnos (con agua fría y sin puerta en pleno invierno) y la comida era casi nula. Bajamos entre 20 y 25 kilos. Eran permanentes los gritos, se escuchaba la radio a todo volumen y los clamores de los torturados. El 6 de junio a la nochecita, como siempre, decían: ‘A éste sí; no, mejor a aquél’. Saracho se llevó a Alejandro a la sala de torturas. Lo sentimos gritar fuerte como a los demás, lo trajeron después de un par de horas dos personas de los hombros y lo recibimos nosotros. Era una bolsa de papas...”.

El genocida Ramón Camps informaba que el 30 de mayo del ’77 los hermanos habían ingresado a la Brigada de Investigaciones de Lanús. En realidad, llegaban a El Infierno, como se conoció a una comisaría de Avellaneda donde los desapoderaron de todos sus bienes. Lo demás es conocido. La historia de los Iaccarino, que se ventiló en el juicio que terminó con condenas para los ex policías Trevisán y Ferranti, es la historia de quienes sobrevivieron para hablar de la rapiña que sufrieron. Es, también, la historia de una reparación que esperan desde 1976.
“No tuvieron en cuenta las torturas”
Por Gustavo Veiga

La abogada de los empresarios, Florencia Arieto, cuestionó los montos de las penas a que fueron condenados los ex policías Ferranti y Trevisán, porque “los jueces no tuvieron en cuenta las torturas y el secuestro de los hermanos Iaccarino mientras estuvieron detenidos en el COT 1 de Martínez, donde les hicieron la tarea de ablande para despojarlos de sus bienes”. Según la interpretación de la querella, “debió observarse el derecho penal, pero en el marco de un genocidio y no como hicieron los conjueces del doctor Rozanski, que se centraron en la cuestión objetiva del hecho jurídico”. Pese a las críticas que Arieto le hizo al fallo, rescató que “hubo condenas, se comprobó que a los Iaccarino los despojaron de sus bienes, o sea que el delito existió, pero en una escala de menor responsabilidad para el Tribunal”.

La abogada también consideró, como sus patrocinados, que “la causa deja abierta la responsabilidad de la pata civil, porque a estos empresarios se les robaron sus bienes mediante una arquitectura jurídica muy fina, viciada de ilegalidad. Hasta se usó a un juez federal, Leopoldo Russo, para avalar todo el despojo”. Los ex policías Ferranti y Trevisán están imputados, aunque no procesados, en la causa del centro clandestino de detención El Infierno. Podrían recuperar de inmediato la libertad en este juicio, pero el fallo del TOF N° 1 los dejó, en perspectiva, en una situación comprometida para el futuro.
Fuente: Pagina 12

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