lunes, 26 de marzo de 2012

Escracharon al Juez Corazza por dilatar juicios de lesa humanidad

Organismos de Derechos Humanos se concentraron en la puerta del juzgado federal nº 3 para pedir celeridad en las causas del pozo de Banfield y de Quilmes, que se encuentran “freezadas” desde hace dos años.

“No tengo personal”. “Estoy con otra causa”. “Me van a infartar”. “No soy Superman”. Esos y otros argumentos interpelaron hoy a los que caminaban por 8 y 50, escritos en cartulinas blancas pegadas en las rejas del juzgado federal nº 3 a cargo del juez Arnaldo Corazza. Es que, según indicaron organizaciones de derechos humanos, aquellas frases salieron de la boca del propio juez, al intentar excusarse por el retraso en las causas que investiga por crímenes de lesa humanidad en el pozo de Banfield y el de Quilmes. “Hay una etapa de los últimos dos años donde la actividad del juzgado respecto de varias causas, pero fundamentalmente de dos centros clandestinos de detención más grandes del circuito Camps, que fueron el pozo de Banfield y el pozo de Quilmes, están prácticamente paralizadas”, indicó la abogada de Justicia YA!, Guadalupe Godoy.
Justicia Ya!La Plata le presentó pedidos de indagatoria por alrededor 200 represores que actuaron en el Pozo de Banfield por los delitos cometidos contra más de 300 víctimas y que se describen en el Trabajo de Recopilación de Datos sobre ese campo realizado por la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos. “El Juez Corazza ordenó solo la detención de siete genocidas, de los cuales cinco ya tenían prisión preventiva domiciliaria en otras causas por delitos de lesa humanidad, por lo que sólo se ordenaron dos detenciones nuevas, sin imputar ni homicidios ni los casos de nacimientos en cautiverio, excluyendo además un gran número de víctimas”, explicaron en un comunicado.

“En el caso del Pozo de Quilmes, Justicia Ya ha presentado un listado de víctimas exhaustivo desde el inicio mismo de la causa. Y el caso es aún peor: a la fecha, solo se encuentran procesados, 5 imputados, uno solo con responsabilidad directa sobre el centro clandestino. A la fecha, no hay ningún condenado por los delitos cometidos en ambos centros clandestinos, dos de los más significativos del denominado Circuito Camps”, continúa la misiva.

Durante el escrache de esta mañana, Godoy indicó que pareciera haber un “criterio de selectividad por parte del juzgado respecto a qué represores juzgar y a cuáles no. Daría la impresión de que ya no existe la obediencia debida como un eximente de responsabilidad, los jueces de La Plata lo están aplicando”.

Además, manifestó: “Están juzgando sólo la cadena de mando de la provincia de Buenos Aires, y aquellos que participaron directamente de las detenciones directas, de las torturas, el robo de niños, medios y bajos cargos, sólo pueden ser juzgados si son identificados. Pero, paradójicamente, en el pozo de Quilmes varios identificaron a sus represores y sin embargo tampoco fueron procesados. Si la causa del pozo de Banfield y el pozo de Quilmes se elevara a juicio hoy, sería sólo por tres represores que no han sido juzgados o condenados con anterioridad, porque el resto están siendo juzgados en circuito Camps”.

Un caso similar de dilación se denunció el año pasado en el juzgado nº1 a cargo de Manuel Blanco, en el que “hasta ahora sólo ha habido dos elevaciones: la causa de la Unidad 9 y ahora estamos esperando la elevación de uno de los tramos de la causa La Cacha, sin embargo el resto de los centros clandestinos de detención, 1 y 60, Olmos y comisaría Octava, hasta el momento no ha tenido movimiento”. Sobre el juzgado de Blanco, los organismos de Derechos Humanos habían hecho un pedido de juicio político en la Magistratura, porque la dilación incluía a la causa López. La respuesta de ese pedido llegó hace dos días, y la respuesta fue el rechazo.

El pedido concreto que se hizo hoy a la Cámara de Apelaciones es que se obligue al juez Corazza a actuar con mayor celeridad en el juzgamiento y procesamiento de todos los represores identificados. Además, reclaman por la falta de recepción de la labor del Equipo de Antropología Forense, “que ha identificado a más de 50 víctimas del circuito Camps y sin embargo no hay nadie procesado por el delito de homicidio calificado que es el que corresponde en ese caso”, señaló Godoy.

“Las excusas primero fueron por un desborde, en causas tan complejas. Luego, con la inclusión de nuevas secretarias, las estrategias fueron a dividir a los querellantes, como es plantear que la paralización de una causa se debe a que hay otra en marcha”, añadió. Cintia Kemelmajer

@cinkemel

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