martes, 20 de noviembre de 2012

Jaime Smart, funcionario civil que puede ser condenado por delitos de lesa humanidad

El ex ministro de Gobierno de facto bonaerense Jaime Lamont Smart podría ser el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención del Circuito Camps.
 
Así lo pidió hoy el fiscal Hernán Schapiro, al detallar los delitos que se le imputan a Jaime Lamont Smart, quien fue ministro de Gobierno de Ibérico Saint Jean.

Smart es el único funcionario civil imputado en el juicio que se sigue a los represores que actuaron en los 6 centros clandestinos de detención que integraron el denominado Circuito Camps.
El ex ministro de facto, que ejerce su propia defensa, al declarar en el juicio aseguró que "la Policía bonaerense no dependía" de él y que "las Fuerzas Armadas tenían a su cargo la lucha contra la subversión”.

Afirmó que tenía un “conocimiento genérico” de lo que sucedía y que supo que las fuerzas armadas “combatían la represión y la destruyeron”.
Para el fiscal Schapiro, Smart integraba la máxima jerarquía de gobierno “en los años de mayor virulencia en la lucha contra la subversión”.
Aludió el fiscal a una entrevista que Smart brindó al diario La Nación, el 12 de septiembre de 1976, donde se refería al equipamiento dado a la policía provincial para la lucha contra la subversión.

En la nota, el ex ministro de gobierno detallaba que “en los últimos 8 meses” su gobierno había invertido ”más de 1.500 millones de pesos" para equipar a la fuerza y se había incrementado el personal policial en 30 mil hombres ya que el objetivo era “volcar recursos a la lucha contra la subversión”.

“Tuvo un rol importante“, destacó Schapiro, “en el sistema de represión implantado” y remarcó que “los centros clandestinos de detención (del Circuito Camps) funcionaban en comisarías a su cargo”.
Para el fiscal, Smart “fue el sostén de la Policía a través del mantenimiento del personal y de la estructura edilicia” donde se mantenía secuestradas y se torturaba a personas.
Schapiro le imputó el homicido calificado en concurso con dos o más personas en perjuicio de Jorge Rubinstein; y la privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravado por el uso de violencia o amenazas de 41 personas que estuvieron detenidas en Puesto Vasco; y otras 14 privaciones que duraron más de un mes.
ambién se le imputaron más de 50 casos de tormentos calificados como delitos de lesa humanidad o crímenes de genocidio.

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