viernes, 30 de noviembre de 2012

Piden perpetua para acusados por ataque a la casa de calle 30

Lo hizo la querella que representa a Chicha Mariani en el juicio por los crímenes cometidos en el Circuito Camps. El alegato incluyó un pedido para que se profundice la investigación sobre el destino de Clara Anahí.

La querella representada por la Asociación Clara Anahí continuó este martes con los alegatos en el marco del juicio que se lleva adelante a 26 represores acusados de haber actuado en denominado Circuito Camps, y reclamó penas de prisión perpetua para los involucrados en el ataque a la casa de calle 30, donde murieron cinco militantes y fue secuestrada la nieta de Chicha Mariani, quien estuvo presente en la sala.

Entre los acusados a los que alcanza el pedido realizado por la abogada Verónica Bogliano se encuentran el ex comisario Miguel Etchecolatz, mano derecha del jefe de la policía Ramón Camps;
su ladero Norberto Cozzani; su ex chofer Hugo Guallama y el ex policía señalado como quien sacó a la beba de la casa, Carlos “El Oso” García.

Chicha llegó y se retiró en medio de aplausos de la sala donde funciona el Tribunal en lo Criminal Oral Federal Nº 1 (TOCF 1). Siempre acompañada de su compañera de ruta Elsa Pavón, una Abuela que tuvo la dicha de recuperar a su nieta Paula.

La exposición de Bogliano tuvo momentos emotivos, que incluyeron un fuerte pedido para que se siga investigando en torno al destino de la niña secuestrada y supuestamente entregada en adopción clandestina; y un raconto de la lucha que Chicha y Licha de la Cuadra encarnaron hace 35 años, cuando la Asociación Madres de Plaza de Mayo comenzaba a tomar forma.

El relato de Bogliano hizo referencia al violento ataque a la casa de calle 30 entre 55 y 56, sobre el cual había declarado la propia Chicha, ocurrido el 24 de noviembre de 1976. En aquel episodio, que comenzó alrededor de las 11 de la mañana de ese día, se produjo un ataque de fuerzas conjuntas que duró más de cinco horas, y en el que fue asesinada su nuera Diana Teruggi –mamá de Clara Anahí-, y sus compañeros de militancia Juan Carlos Peiris, Daniel Mendiburu Eliçabe, Roberto Porfirio y Alberto Oscar Bossio.

En esa casa funcionaba una imprenta en la que se imprimía la revista Evita Montonera, con la que el mes anterior habían denunciado la existencia de campos de concentración en la Esma y otros sitios y de los vuelos de la muerte.

A metros de Bogliano, en la primera fila del corralito en la que están los imputados (en la audiencia de este martes menos que lo habitual), Etchecolatz siguió atentamente el alegato, y sonrió abiertamente, como para que su actitud sea notada, cada vez que la abogada hacía referencia a Clara Anahí. Ese gesto, aludía, indudablemente, a su versión, expuesta en una carta a la propia Chicha Mariani, en la que insiste en que la niña murió en el ataque.

Papel Prensa. Verónica Bogliano alegó también como abogada de la querella de la familia Tímerman, por los tormentos que sufrió el director del diario La Opinión, Jacobo Tímerman cuando estuvo detenido-desaparecido en Puesto Vasco (Quilmes) y el COT I (Martínez), dos de los centros clandestinos del Circuito Camp. En este caso, el pedido de condenas fue de 25 años para los acusados.

Según el planteo, ese secuestro habría estado vinculado con la apropiación de la empresa Papel Prensa, y la persecución a la que fue sometida la familia Graiver. Entre los acusados más vinculados con esta causa aparecen el ex gobernador bonaerense durante la dictadura, Ibérico Saint Jean (muerto durante el juicio), y su ministro de gobierno, el abogado Jaime Smart.

La sub-empresa. Más tarde, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, elegó uno de sus abogados querellantes, Inti Pérez Aznar, quien dejó sentado que la provincia de Buenos Aires, dentro de la empresa criminal que fue el Estado argentino, “fue una sub-empresa que tuvo una planificación específica a cargo de quienes usurparon el poder y desplegó todo el aparato criminal terrorista en la policía de la provincia”.

En un tramo, para sostener el argumento, mostró documentación con directivas que el entonces gobernador de facto, Saint Jean, bajó a los intendentes para eliminar (dar de baja en caso de que fueran funcionario) a cualquier ciudadano que expresara ideas “de izquierda” o ajenas a la doctrina cristiana que sostenía el gobierno.

“Es fuerte que se utilice la policía de Buenos aires que debe proteger la vida de las personas para exterminar a un grupo de gente que pensaba un país diferente pero hay que poner las cosas en su lugar y hablar de los civiles como los que estaban en los ministerios y en el gobierno”, indicó Pérez Aznar a Radio Provincia antes de alegar.

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