martes, 3 de abril de 2012

La causa por el CCD La Cacha fue elevada a juicio

Dieciocho imputados, entre ellos el ex gobernador de facto, coronel Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno, el civil James Lamont Smart, deberán responder por secuestros, torturas y desapariciones cometidas en 1977 en el centro de detención de Olmos.

Una placa señala hoy el ingreso a lo que fue La Cacha

La justicia federal platense elevó a juicio oral la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”, que funcionó en viejos galpones de Radio Provincia detrás del penal de Lisandro Olmos. Dieciocho imputados, entre ellos militares, marinos, penitenciarios y civiles, serán llevados al banquillo de los acusados por secuestros, torturas y apropiación de hijos de desaparecidos que pasaron por ese centro en el primer año de su funcionamiento. La causa tiene dos prófugos.

La Cacha funcionó como centro clandestino de detención entre febrero de 1977 y noviembre de 1978 y el expediente que se ventilará en el debate comprende los crímenes cometidos contra cerca de dos centenares de personas durante el primer año de funcionamiento.

Entre los acusados está el ex gobernados Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno, James Smart, quienes ya están siendo juzgados en el juicio por el Circuito Camps, y otros tres civiles que integraron el denominado Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 101 de Ejército.

La causa fue elevada por el juez Manuel Humberto Blanco, quien instruyó la causa, luego de la acusación presentada por la Unidad Fiscal Federal, representada por los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández.

El expediente, con carátula “Arias Duval, Alejandro Agustín; Di Pasquale, Jorge Héctor; Romero Pavón, Carlos María y otros s/ homicidio, privación ilegal de la libertad, tormentos y sustracción de menores”, recayó en el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata integrado por los jueces Jorge Micheli, Nelson Jarazzo y Alejandro Esmoris.

Los últimos dos magistrados fueron quienes absolvieron al coronel retirado Alejandro Duret por el secuestro y desaparición de Carlos Labolita, amigo del ex presidente Néstor Kirchner, decisión que fue revocada luego por la cámara de apelaciones que lo condenó a 15 años de prisión.

Cacha. Entre sus artilugios, el personaje infantil La Bruja Cachavacha tenía “la escoba que barre y borra”, capaz de hacer desaparecer lo que barría. La perversidad de la dictadura hizo posible que esa legendaria enemiga de Hijitus fuera usada por los represores para bautizar un centro de detención y maternidad clandestina, destinado a desaparecer personas.

El campo de concentración funcionó en los galpones de la vieja planta transmisora de Radio Provincia, ubicada junto al Penal de Olmos (Ex Unidad Penitenciaria 8), entre las calles 191, 196, 47 y 52 (vías del ferrocarril Belgrano), para lo que antes fue transferida al Servicio Penitenciario por un decreto firmado por Saint Jean y Smart.

De acuerdo a las investigaciones de Abuelas de Plaza de Mayo, además de ser un centro de detención, fue también maternidad clandestina para detenidas desaparecidas embarazadas. Por allí pasaron Ana María Rosa Tolosa, Cristina Lucía Marrocco, Olga Noemí Casado, Laura Estela Carlotto, María Elena Isabel Corvalán, Susana Beatriz Pegoraro, Adriana Leonor Tasca, Elisa Elvira Cayul y Graciela Irene Quesada Ayub.

Imputados. Además del ex gobernador de facto y su ministro de Gobierno, en el juicio serán sentados en el banquillo de los acusados el jefe del destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, coronel Alejandro Agustín Arias Duval; los capitanes del Ejército Carlos del Señor Hidalgo Garzón; Jorge Héctor Di Pasquale y Gustavo Adolfo Cavicio.

También serán enjuiciados el capitán de Infantería Ricardo Armando Fernández; el Teniente Luis Orlando Perea; Roberto Armando Balmaceda; Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos María Romero Pavón, Anselmo Pedro Palavezzatti y el marino Juan Carlos Herzberg.

La imputación alcanzó también a personal civil de inteligencia como Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande y Rufino Batalla y a los agentes del servicio penitenciario bonaerense Isaac Crespín Miranda y Héctor Raúl Acuña.

Prófugos. Entre los acusados en la causa se encuentran el ex miembro de la Central de Reunión de Información (CRI) del Destacamento 101, Ricardo Luis Von Kyaw, quien fue reconocido por sobrevivientes de La Cacha como quien daba las órdenes, y el personal civil de Inteligencia del Ejército, Teodoro Anibal Gauto.

Sobre cada uno de los prófugos pesa una recompensa de 100.000 pesos ofrecida por la Unidad Especial Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia. Delitos de Lesa Humanidad, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Por Pablo Roesler - pabloroesler@gmail.com

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