viernes, 29 de junio de 2012

Identificaron a los asesinos de Mario Gershanik en 1975 y de Horacio Urrera en 1976.

Acusados: Carlos Castillo (a) el indio, Fernández Supera (a) El Misto, Jacek Piechocki (a) el alemán, Juan José Pomares (a) pipi.
 
Un ex integrante del grupo de tareas identificó a los asesinos de Mario Gershanik en 1975 y de Horacio Urrera en 1976.

Al publicarse este artículo, el titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, Arnaldo Corazza, tiene sobre su escritorio una declaración prestada ante escribano público por un testigo que incrimina a diez integrantes del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense en dos asesinatos cometidos por esa banda parapolicial, el primero de ellos en abril de 1975, y el segundo, en abril de 1976. El declarante, cuya identidad Miradas al Sur mantendrá momentáneamente en reserva, es un miembro de la patota que fue testigo directo de esos dos crímenes, por lo cual su declaración –que tiene valor legal al estar certificada por un escribano público, pero que puede ser ampliada si su señoría, como debe, decide interrogarlo en sede judicial– puede significar un avance de singular importancia en la causa, que por el momento permanece en estado letárgico por la inacción del juzgado.
La mayoría de los individuos nombrados por el testigo como participantes de esos crímenes ya habían sido identificados en las páginas de Miradas al Sur por los autores de esta investigación. Se trata de Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Martín Sánchez (a) Pucho, Dardo Omar Quinteros, Juan José Pomares (a) Pipi, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, David Masota (a) Feiño, Jacek Piechoki (a) El Alemán o El Polaco o Pablo, Ricardo Walsh (a) Richi, Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, y Néstor Causa (a) El Chino. De ellos, sólo Castillo y Pomares están detenidos por otras acciones criminales cometidas por la CNU.
Los asesinatos a los que se refiere son los del médico Mario Alberto Gershanik, perpetrado el 10 de abril de 1975, y del militante gremial Horacio Salvador Urrera, secuestrado la noche del 19 de abril de 1976 y asesinado pocas horas después junto a otras dos personas.

Un testigo fundamental. La declaración del testigo, certificada por escribano público, fue presentada por el abogado Eduardo Soares, representante legal de las querellas entabladas por los familiares de Mario Gershanik y Horacio Urrera. Los autores de esta investigación están en condiciones de afirmar que se trata de un documento de vital importancia para el esclarecimiento de estos dos asesinatos y el avance general de las causas relacionadas con el accionar de la patota paraestatal de la CNU platense.
 
El testigo –cuyo nombre, se reitera, Miradas al Sur mantendrá momentáneamente en reserva– es un ex integrante de ese grupo de tareas, del que participó activamente entre noviembre de 1974 y fines de abril de 1976. Se trata de la misma persona que se presentó espontáneamente en el juzgado a cargo de Corazza en el segundo semestre de 2010 con la intención de prestar declaración ante el juez, pero fue disuadido de hacerlo en circunstancias que, por lo menos, cabe calificar de confusas.
Es también el mismo individuo al que se refirió el inefable secretario de Corazza, Ricardo Botto, en un diálogo que mantuvo con el hermano de una de las víctimas de la patota y que los autores de esta investigación relataron en el artículo “Una máquina de dormir causas”, publicado por Miradas al Sur el 26 de febrero de este año. Allí se decía: “A principios de este mes, otro querellante, cuyo hermano fue asesinado por la CNU en 1975, se presentó en el juzgado para aportar el domicilio de un integrante de la patota de Castillo. Lo atendió Botto. ‘No le prestó ninguna atención a la información. Ni siquiera quiso revisar el número de la causa. Sin embargo, nos dijo que uno de los canas que había sido miembro de la CNU de La Plata, que le había ofrecido entregarle a todos los miembros de la patota a cambio de su inmunidad, confesó haber participado de muchas de las operetas de la patota, y que se los quería entregar porque era el único que había quedado fuera de la repartija. Y nos explicó que por razones de ética (sic) había rechazado el acuerdo. Lo extraño es que a pesar de que este hombre le confesó su participación, no fue detenido ni en ese momento ni nunca’, relató a los autores de esta investigación”.

Las víctimas y los asesinos. En su declaración ante el escribano público Esteban Rafael Morcillo, el testigo se refirió específicamente a los asesinatos de Mario Alberto Gershanik y Horacio Urrera. Los autores de esta investigación pueden asegurar que si Corazza le toma declaración en sede judicial –y lo interroga a conciencia– no sólo logrará que amplíe sus dichos sobre esos dos casos, sino que estará en condiciones de obtener información de primera mano sobre por lo menos otros veinte crímenes cometidos por el grupo de tareas capitaneado por Carlos Ernesto Castillo.
Mario Alberto Gershanik fue asesinado la madrugada del 10 de abril de 1975, cuando se resistía a ser secuestrado en la casa de sus padres, por un grupo de tareas conjunto de la CNU y la Triple A, comandado por Aníbal Gordon (a) El Viejo. La información reunida por los autores de esta investigación sobre ese crimen fue publicada por Miradas al Sur el 3 de julio de 2011, en el artículo “Zona liberada para matar a un médico”.
Ahora, en su declaración notarial, el testigo identifica a nueve de los autores de ese asesinato. Se trata, según el escrito que acompaña a la declaración, de: “Carlos Ernesto Castillo (alias ‘El Indio’), Martín Sánchez (alias ‘Pucho’), Dardo Quinteros, Juan José Pomares (alias ‘Pipi’), Antonio Jesús (alias ‘Tony’), David Masota (alias ‘Feiño’), y a Jucek Piechocki (alias ‘El Polaco’ o ‘Pablo’) y Ricardo Wolf (alias ‘Richi’)”, y de otro individuo al que sólo identifica como “‘El Chino’ Causa”. Miradas al Sur está en condiciones de aclarar que el mencionado “Jucek Piechocki” es el abogado Jacek Piechocki, y que “Ricardo Wolf” es en realidad Ricardo Walsh. En cuanto al individuo identificado como “‘El Chino’ Causa”, se trata de Néstor Causa (a) El Chino, conspicuo integrante de la banda.
Horacio Urrera fue secuestrado de la casa familiar la medianoche del 19 de abril de 1976, en una de las últimas de las acciones de la banda paraestatal comandada por El Indio Castillo antes de ser desactivada por orden del jefe de Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti. Esa misma noche fueron también secuestrados Leonardo Guillermo Micheli y Carlos Alberto Satich. Pocas horas después, los cadáveres acribillados de las tres víctimas fueron hallados en las aguas del Arroyo San Antonio, en la localidad de Sarandí. Sobre el secuestro y asesinato de Urrera, los autores de esta investigación publicaron el artículo “Crónica de un asesinato anunciado”, en la edición de Miradas al Sur del domingo 16 de octubre de 2011.
Al referirse a este crimen en su declaración ante escribano público el testigo identifica a ocho de los autores: “Carlos Ernesto Castillo, Juan José Pomares, Gustavo Fernández Supera (alias “El Misto”), David Masota, Antonio Jesús, Dardo Quinteros, Martín Sánchez, y a quien debe identificarse como ‘El Chino’ Causa”, según consta en el escrito presentado por el abogado Eduardo Soares.

Pedidos de detención. En la presentación que acompaña a la declaración notarial del testigo, las querellas solicitan la indagatoria de todos los nombrados. En la mayoría de los casos, el juez Corazza no debería tener dificultades para encontrarlos y tomarles declaración. Como se dijo, Castillo y Pomares ya se encuentran tras las rejas y a disposición del juzgado por otros crímenes.
Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto vive en la localidad de Olivos, donde también conduce la agrupación peronista “La Scalabrini Ortiz”. Por lo menos hasta el 31 de diciembre del año pasado figuraba como personal contratado en el Archivo General de la Nación (Contrato 0208B2011, del Ministerio del Interior). Los autores de esta investigación no han podido establecer todavía si este contrato fue renovado.
Antonio Agustín Jesús (a) Tony revistó como director de Referencia Legislativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires hasta mediados del año pasado, cuando debió renunciar (en realidad se acogió a una jubilación anticipada) debido a los artículos publicados por Miradas al Sur sobre su participación en la banda paraestatal de la CNU. Actualmente, goza de sus días libres en su casa de la localidad de City Bell, en las afueras de La Plata.
 
Jacek Piechocki (a) El Alemán o El Polaco o Pablo vive en Quilmes y dirige un estudio especializado en víctimas de accidentes de tránsito con sede en La Plata. Por tratarse de un abogado y para evitar errores de procedimiento, el escrito presentado por el abogado Soares ante el juez Corazza dice con claridad: “Pido en consecuencia la detención de Jucek (n. de la r.: Jacek) Piechocki a los fines ya mencionados arriba, estableciendo expresamente la salvedad de que –para el caso que se resuelva la detención en su Estudio Jurídico– se informe previamente al Colegio de Abogados donde se encuentre matriculado a fin de evitar posteriores nulidades”.

La CNU y la Bonaerense. Por otra parte, los querellantes le pidieron al juez Arnaldo Corazza que libre los oficios necesarios para que la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires informe si en la estructura de la ex Regional La Plata de esa fuerza revistaron, entre 1974 y 1976, las siguientes personas: “Un comisario de apellido González”, “un comisario de apellido Masuli”, “un personal con grado de oficial inspector de apellido Garachico”, y “un personal con el grado de oficial mayor de apellido Bilardo”.
Los autores de esta investigación están en condiciones de identificar al “comisario González” como el encargado de reclutar para el grupo de tareas de la CNU comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, a los policías Alfredo Lozano (a) El Boxer, Vicente Ernesto Álvarez y Roberto Antonio Storni. A fines de 1974, les ofreció a estos tres policías tener un segundo empleo como personal de seguridad de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata, a cuyo cargo estaba el padre del Indio Castillo. Revistando en ese empleo fueron incorporados al grupo de tareas de la CNU.
El “comisario Masuli” es en realidad el ex jefe de la Unidad Regional La Plata de la Policía Provincia de Buenos Aires, comisario Carlos Alberto Masulli, encargado de coordinar desde la Bonaerense la liberación de zonas para que el grupo de tareas de la CNU pudiera perpetrar sus crímenes sin ningún tipo de interferencia.
El “oficial inspector de apellido Garachico” revistaba en 1974 y 1975 como oficial principal y su nombre completo es Julio César Garachico (a) El Gordo. Era el nexo entre la patota comandada por El Indio Castillo y la Policía Bonaerense para coordinar la elección de “blancos” y la liberación de zonas. Actualmente, se encuentra detenido a disposición del juez Corazza por su participación en los asesinatos de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata y militantes montoneros Marcelo Bettini y Luis Eduardo Bearzi, perpetrados en Tolosa en noviembre de 1976.
El “oficial mayor de apellido Bilardo” tenía en 1975 el grado de suboficial mayor y su nombre completo es Alberto Juan Bilardo. Era el segundón del Gordo Garachico en la coordinación de acciones con la CNU.

La hora del juez. Como señala el escrito presentado por la querella, ahora el titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata “tiene una oportunidad inmejorable para avanzar en la causa, requerir indagatorias con elementos concretos y llevar adelante medidas de pruebas a partir de datos e informaciones ingresadas a la causa en forma directa y legítima, sin que puedan cuestionarse de ninguna manera”, así como de “despejar cualquier duda –si las hubiere tanto por parte de la prensa como de algún sector de la opinión pública– respecto de la actuación del Tribunal en relación a la celeridad del proceso como así también en traer al estrado a declarar como imputados a quienes corresponda con estricto resguardo de sus derechos y garantías”.
 
Los crímenes que se investigan fueron cometidos hace más de 35 años, pero no hay prescripción posible para ellos, ya que se trata de delitos de lesa humanidad por haber sido cometidos al amparo del Estado. Con este testimonio en sus manos, el juez Arnaldo Corazza –cuyo accionar en las causas relacionadas con la CNU viene siendo duramente cuestionado– tiene muchas medidas para tomar.
Por  Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal - dcecchini@miradasalsur.com - Fuente: Miradas al Sur

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